La posibilidad de limitar el mandato presidencial divide a los ecuatorianos

QUITO (Sputnik) — El próximo 4 de febrero los ecuatorianos deberán optar entre habilitar la reelección presidencial indefinida o limitarla a un solo período, lo que divide a quienes se oponen a la "perpetuación" en el poder y quienes afirman que impedirlo supone una "restricción" de derechos, según dijeron a Sputnik abogados y políticos locales.

Evitar la concentración de los poderes del Estado en manos de una sola persona "se hace necesario para evitar todo aquello que hemos constatado en estos últimos tiempos y en la última década: perpetuación y concentración del poder por parte del Ejecutivo, formas de autoritarismo y, sobre todo, la existencia de una falta de independencia en las funciones del Estado", afirmó a esta agencia el presidente de la Academia de Abogados del Colegio de Abogados de Pichincha (norte), Hernán Rivadeneira.

En la segunda pregunta de las siete que integran la consulta popular del 4 de febrero los ecuatorianos deberán responder si para garantizar el principio de alternabilidad están de acuerdo con enmendar la Constitución de 2008 con el fin de que "todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo" dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada por el Legislativo en 2015 mediante una enmienda constitucional.

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En ese año, y casi al final del mandato de Rafael Correa (2007-2017), sus aliados reformaron la Carta Magna con la intención de que el jefe de Estado pudiera reelegirse indefinidamente.

La Constitución de 2008 establecía en su artículo 144 que el presidente de la República "permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez", pero con la reforma el texto se modificó estableciendo que el jefe de Estado "podrá postularse para ser reelecto", sin que se especificara límite alguno.

A decir de Rivadeneira, exjuez de la Corte Constitucional, esto podría desembocar en "caudillismo" y cuando aquello ocurre "existe una influencia cada vez más fuerte de una función del Estado [en este caso el Ejecutivo] sobre el Legislativo, que ha ido perdiendo muchísimas de sus competencias y sus funciones".

Temor a Correa

No obstante, para quien fuera ministra de Política durante 2016 y 2017, Paola Pabón, la pregunta implica una "restricción de derechos" dirigida únicamente contra Correa, quien genera "temor" entre sus opositores.

"A pesar de ser una persona que está fuera del país [reside en Bélgica] y sin embargo sigue causando temor porque él es quien combatió a los grupos de poder durante 10 años", afirmó.

Pero Correa ha insistido en que la reelección es lo que menos le interesa y ha ratificado que después de la consulta popular regresará a Bruselas con su familia, luego de permanecer en Ecuador desde el 5 de enero liderando la campaña contra el plebiscito.

Asimismo, el exmandatario ha criticado esta pregunta al señalar que "la alternancia la debe decidir el elector en las urnas, pero nos quieren decir que la alternancia es la base de la democracia", apuntó el 24 de enero el exmandatario.

"Si hubiese habido la reelección en Estados Unidos no tendríamos a Donald Trump, tendríamos a Barack Obama", ejemplificó y dijo que en caso que el "Sí" triunfe en esta pregunta, se estarían "eliminando" unos 6.000 "valiosos" funcionarios públicos que no podrán ser reelegidos.

"Nos hacemos un gran daño por el odio a Correa, por tratar de impedir que nos gane las próximas elecciones", acotó el exmandatario desde Vinces (centro).

Sin embargo, el secretario de la Gestión de la Política, Miguel Carvajal, aclaró que la pregunta no va dirigida contra el exjefe de Estado, "que también puede ser afectado" sino que involucrará a "todos los que hemos sido electos dos veces en la Asamblea Nacional, y me incluyo; es para los prefectos que se han postulado dos, tres, cuatro, cinco veces… para los alcaldes que están varios periodos".

Carvajal considera entonces que esta interrogante "es una apuesta democrática" porque "no se puede pensar en una persona, no se puede pensar que los destinos de un país dependen de una persona, no se puede pensar que las aspiraciones de una persona tienen que someter a las aspiraciones democráticas de todo un país".

Esto es algo en lo que ha insistido el presidente Lenín Moreno, impulsor de la consulta, para quien el propósito de derogar la reelección indefinida es, sobre todo, "volver a los principios de la Constitución de Montecristi", localidad donde se promulgó la Carta Magna de 2008, que impulsaba la alternancia y defendía un proyecto político con esos principios.

De aprobarse, la pregunta dos tendrá efecto retroactivo y se aplicará a las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de esa Constitución, y que no podrán postularse para el mismo cargo.

El próximo 4 de febrero, 13,028 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para votar por siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (reformas a leyes menores).

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De acuerdo con la última encuesta de la firma Opinión Pública, 59,2% de los ciudadanos sufragará a favor de la segunda interrogante, mientras que 26,9% lo hará en contra y 12,4% anulará su voto.