"Pueden pedir medidas cautelares, que los marcianos vengan (…) que igual no tiene ninguna trascendencia", declaró el exjefe de Estado en una rueda de prensa al referirse a la petición que hizo UP para que la fiscalía impida su salida del país y lo obligue a dar su versión sobre la negociación con Petrochina.
Durante la denuncia, el director nacional de UP, Geovanny Atarihuana, indicó que solicitaron al fiscal que "realice un acto urgente para que el expresidente sea convocado a declarar por las denuncias petroleras".
Para Correa eso solo demuestra "la decadencia en la que ha caído el país", pues la oposición solo intenta "crear escándalos" cuando habla de una aparente "corrupción", añadió.
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En mañana del 8 de enero, el contralor del Estado, Pablo Celi, conformó una veeduría ciudadana que analizará bajo qué condiciones se produjo el endeudamiento público del país durante el Gobierno de Correa, que hasta el momento asciende oficialmente a 32.517 millones de dólares.
En la administración del exjefe de Estado, al modificar la metodología de cálculo, se excluyó de la deuda los deberes del Gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el endeudamiento interno en certificados de tesorería, lo que redujo en 11 puntos porcentuales el ratio de la relación deuda/PIB.
Hasta noviembre de 2017, la deuda consolidada ascendía a 32,2 por ciento del PIB, mientras que la agregada —que incluía todos los compromisos del país- llegó a 46,2 por ciento, una cifra que superaría el límite legal de 40 por ciento establecido en la Constitución.
