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Partido gobernante de Ecuador, enfrentado y dividido por lucha de poder de sus líderes

© REUTERS / Mariana BazoEcuadorean presidential candidate Lenin Moreno is greeted by Ecuador's President Rafael Correa while waiting for the results of the national election in a hotel, in Quito
Ecuadorean presidential candidate Lenin Moreno is greeted by Ecuador's President Rafael Correa while waiting for the results of the national election in a hotel, in Quito - Sputnik Mundo
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QUITO (Sputnik) — Dos meses fueron suficientes para que el partido gobernante de Ecuador, Alianza País (AP), sufriera una ruptura entre el actual presidente de la República, Lenín Moreno, quien asumió en mayo, y su antecesor y correligionario Rafael Correa (2007-2017), quien se convirtió en su principal crítico.

Correa generó una lucha política que aún no se resuelve y que ha llegado incluso a la justicia.

"Nosotros habíamos notado hace algunos meses la preocupación de un viraje bastante conservador por parte del nuevo Gobierno, especialmente en el tema de política económica, de ceder algunas de las conquistas que habíamos logrado con la Revolución Ciudadana", comentó a Sputnik la exsecretaria ejecutiva de AP y legisladora correísta Gabriela Rivadeneira al ser consultada sobre los motivos de esta división interna.

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AP es la agrupación política más grande del país, vencedora de más de 10 procesos eleccionarios y cuya unidad parecía inquebrantable.

Quien fuera presidenta de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) dijo que la ruptura responde a "algunos factores", en especial la "falta de lealtad (de Moreno) a un Gobierno del que también fue parte", en referencia a su periodo como vicepresidente (2007-2013) y como enviado especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad (2013-2016).

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A pesar de que se intentó mantener la unidad, las diferencias se convirtieron en irreconciliables cuando el actual mandatario inició procesos de diálogo con todos los sectores, incluso con la oposición y los indígenas, un hecho que sentó mal a Correa y sus seguidores.

Moreno además utilizó los primeros meses de su mandato para sanear la institucionalidad pública, infectada por los escándalos de corrupción que salpicaron al país, incluido Odebrecht.

El vicepresidente Jorge Glas fue pieza clave, pues primero definió claramente su postura correísta y luego criticó públicamente a Moreno por acercase a la oposición, lo que derivó en un retiro de sus funciones el pasado 3 de agosto.

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La medida coincidió con la profundización de las investigaciones del caso Odebrecht que apuntaron directamente a Glas, quien había ejercido como ministro de Sectores Estratégicos y vicepresidente entre 2013 y 2017.

El pasado 13 de diciembre Glas fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita.

Este hecho político, más la convocatoria a una consulta popular por decreto, que entre otras cosas propone eliminar la posibilidad de la reelección indefinida, lo que impediría que Correa se postule nuevamente a la presidencia, concretó el quiebre en AP.

"Es una consulta tramposa, mañosa e inconstitucional", aseveró Rivadeneira, quien añadió que aunque "la campaña será dura" también supone una motivación, "porque de ahí saldrá la base" con la que aspiran construir un nuevo andamiaje político: el Movimiento Revolución Ciudadana.

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Por su parte, la coordinadora del bloque legislativo de AP, Ximena Peña, cree que esta intención es acertada, porque "si no están de acuerdo con este nuevo momento de la Revolución Ciudadana, tienen el legítimo derecho de crear uno nuevo, ya que nadie es dueño del movimiento".

La parlamentaria reconoció el aporte y el legado que dejó Correa en el país en sus diez años de Gobierno, pues "es algo innegable y está latente en el corazón de los ecuatorianos"; sin embargo, hizo un llamado a entender que en este momento el movimiento político "se encuentra liderado por Lenín Moreno" y "no existe un pronunciamiento que diga lo contrario".

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Mientras Rivadeneira ejercía como secretaria de AP, junto con otros integrantes de la directiva nacional intentaron destituir a Moreno de la presidencia del partido, pero el Consejo Nacional Electoral, la justicia y la mayoría de legisladores oficialistas, entre ellos el propio presidente de la Asamblea, José Serrano, se mantuvieron del lado del jefe de Estado y sinceraron sus posiciones.

Faltan pocos procesos administrativos que cumplir y aunque Rivadeneira señala que agotarán "todas las acciones legales" saben que "hay gran probabilidad de que el partido se quede con el ala gubernamental".

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Otro revés que enfrentan los correístas es que cuentan con una minoría legislativa, con 23 asambleístas, mientras que 51 permanecen del lado de Moreno.

Ni la venida de Correa al país a inicios de mes logró cambiar la situación a su favor y más bien la ciudadanía ha expresado su respaldo al actual presidente y a su convocatoria a una consulta popular, que hasta ahora sobrepasa el 70 por ciento de aprobación en la mayoría de las siete preguntas por las que deberán votar los ecuatorianos el próximo 4 de febrero.

"Sabíamos que iba a ser una transición fuerte, pero nunca esperábamos que fuera tan profunda", señaló Peña, quien sin embargo afirmó que ellos seguirán los principios del movimiento, "que van más allá de los personalismos".

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De su lado, Rivadeneira consideró que prefieren ser defensores de la revolución ciudadana y no "cómplices de un Gobierno de transición que permitirá que en 2021 (cuando se realicen las próximas presidenciales) la derecha gobierne al país".

El próximo 2 de enero, ambos bandos enfrentarán un nuevo escollo que deberán solventar cuando se cumplen tres meses de la ausencia en el cargo del vicepresidente Glas debido a su permanencia en prisión desde el 2 de octubre, lo que se convierte en una causal de su destitución según la Constitución del país.

Los afines a Correa y el propio Glas han reiterado que el objetivo del encarcelamiento era únicamente retirarlo del Gobierno, mientras que para los morenistas es una cuestión de justicia y de combate a la corrupción.

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