"La POA condena el sistemático fracaso de NOMS (la gerencia nacional) en proveer prisiones seguras, decentes y a salvo, fallos que han creado un sistema de prisiones en crisis", declararon los directivos sindicales en una circular remitida a sus afiliados.
No se permite ir a la huelga a los oficiales de prisiones y la POA llama a sus miembros a declinar efectuar trabajos voluntarios durante la jornada de lucha.
"Pedimos a todos los afiliados que rescindan de cumplir funciones voluntarias", añade la nota.
El secretario de Estado en prisiones, Sam Gyimah, compareció de urgencia en el Parlamento de Westminster para denunciar un posible paro de los funcionarios de prisiones que "pone vidas en riesgo".
"Estas tareas son parte fundamental de su trabajo y son esenciales para gestionar una prisión segura y decente", declaró en los Comunes.
El Ministerio de Justicia logró horas después una orden judicial que desautoriza la convocatoria de la POA.
"Me parece que las pruebas indican que la acción propuesta constituye una acción industrial", dijo el juez George Leggatt.
Los funcionarios de prisiones rechazaron ocupar sus puestos de trabajo tras reunirse en la puerta de los presidios el pasado noviembre.
"Más miembros son asaltados cada día, el auge de muertes autoinfligidas e infracciones diarias de seguridad es inaceptables y es el resultado de la falta de personal y de los recortes presupuestarios", denunciaron el presidente de la POA, Mike Rolfe, y el secretario general, Steve Gillan.
El Gobierno ha garantizado recientemente paga extra a funcionarios de las más críticas prisiones y la excepcional medida ha enfurecido aún más a empleados y enlaces sindicales.
"La hipocresía de este incentivo salarial demuestra que NOMS no tiene ni idea de las cuestiones reales ni de las soluciones reales", dijo el presidente.
Los funcionarios han rechazado la última propuesta salarial y han denunciado el incentivo como un intento de dividirles que no resuelve la situación.