La red de corrupción creó varias empresas pantalla que emitían facturas y recibían fondos de Defex para sus titulares. Los sobornos se ocultaban a través de contratos de supuestas prestaciones de servicios y de consultoría entre la compañía estatal y las empresas privadas.
La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 29 años de prisión a ocho personas —cuatro físicas y cuatro jurídicas— vinculadas a Defex por delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción en las transacciones internacionales, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Sáiz pide además que se imponga una multa de 45 millones de euros —unos 50 millones de dólares— a Defex, aparte de otras sanciones financieras a los acusados.
Defex dejó de existir en 2017, ante la imposibilidad de sobrevivir al escándalo de sobornos en contratos militares. Además de Arabia Saudí, la investigación iniciada el 2008, abarca negociaciones llevadas a cabo por la empresa con Egipto, Brasil, Angola y Camerún.
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