"Era notorio que la policía tenía orden de impedir el referéndum ilegal, prohibido expresamente por los tribunales mediante la retirada de urnas y el cierre de los centros”, reza el escrito antes de argumentar que algunos de los votantes formaron una "masa tumultuaria" con el objetivo de "impedir" la actuación policial.
Siete de esas personas recibieron un pronóstico grave, destacando el caso de una persona que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.
Por su parte, el Ministerio del Interior de España aseguró que los sucesos del 1 de octubre dejaron contusionados a un total de 431 agentes, aunque recientemente la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ante el Supremo, detalló que solo 93 fueron atendidos por los servicios sanitarios.
Ahora, la Abogacía del Estado, adhiriéndose a un recurso presentado por el Sindicato Profesional de Policía pide imputar a 36 votantes heridos que se querellaron contra las fuerzas del orden por su actuación durante el referéndum.
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"Cuando un ciudadano observa que la policía quiere entrar en un lugar en el ejercicio de sus funciones, sabe que su obligación jurídica es dejar libre el paso sin plantearse otras cuestiones. Impedir el paso es antijurídico", añade el escrito.
Varias resoluciones dictadas en los últimos meses por jueces de Cataluña advierten que la participación en el referéndum, aunque su convocatoria fuese ilegal, es un ejercicio protegido por los derechos civiles.
En consecuencia, la investigación solicitada por la Abogacía del Estado contra este grupo de votantes se centraría en su oposición a la actuación policial y no en su participación en la consulta.
