"El Gobierno aprobará este viernes [15 de febrero] el acuerdo para exhumar los restos de Franco, una vez concluido el procedimiento administrativo", anunciaron los medios españoles.
El Ejecutivo toma esta decisión a pesar de la oposición de la familia del dictador o de la Iglesia, dado que el prior del centro religioso en el que se encuentra enterrado también se opone.
Sin embargo, el Gobierno se basa en los argumentos de la Abogacía del Estado, que señalan que la exhumación "no depende ni de la autorización de la Iglesia ni de la familia sino de un mandato legal".
Lo que queda por decidir será el lugar al que será trasladado, pero el Ejecutivo ya adelantó que "no será la catedral de la Almudena de Madrid", como pidió la familia, por motivos de seguridad y para evitar que se convierta en un lugar de peregrinaje.
Ante esta situación, dan 15 días a los nietos para que decidan un nuevo lugar o será el propio Gobierno español el que decida.
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