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    El feminismo sale a la calle en España tras la liberación de cinco violadores condenados

    El feminismo sale a la calle en España tras la liberación de cinco violadores condenados

    © REUTERS / Susana Vera
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    MADRID (Sputnik) — Varias decenas de miles de mujeres españolas salieron a la calle en señal de protesta, tras conocerse que la Audiencia Provincial de Navarra decidió la puesta en libertad de cinco hombres conocidos como La Manada, sobre los que pesa una condena por abusar sexualmente de una joven durante la popular fiesta de San Fermín.

    "No es lógico ni justo que los condenados a nueve años de prisión, miembros de La Manada, salgan ahora a la calle a la espera de su recurso", explica Paula, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, en declaraciones a Sputnik.

    Este 22 de junio, los cinco miembros de La Manada abandonaron la prisión mientras las calles se llenaban de personas indignadas con la decisión.

    La puesta en libertad se debe a que los magistrados consideran que no se dan las circunstancias de riesgo de fuga ni de reiteración delictiva mientras se resuelven los distintos recursos presentados contra la sentencia.

    "Existe un alto riesgo de fuga e incluso de que repitan su delito. No lo vamos a permitir, seguiremos saliendo a las calles", contesta Paula.

    Mientras protesta frente al Ministerio de Justicia en Madrid, la activista explica que las mujeres están decididas a seguir movilizándose para denunciar a un sistema judicial, social e institucional que las deja desprotegidas ante la violencia machista.

    "Salimos a las calles para denunciar la situación de los juzgados, que juzgan más a la víctima que a los agresores", relata.

    Además de la multitudinaria concentración que tiene lugar en Madrid, decenas de miles de personas protagonizaron desde ayer diversas movilizaciones en las principales ciudades de la geografía española

    El feminismo salió a las calles en ciudades como Valencia, Cádiz, Bilbao, Sevilla, Zaragoza o Barcelona entre otras, siendo especialmente reseñables las concentraciones en Pamplona, la ciudad donde tuvo lugar la agresión en 2016.

    La sentencia sobre el caso, emitida en abril de este año, ya generó una gran polémica en España porque el tribunal descartó valorar los hechos probados como un delito de agresión sexual al entender que no hubo violencia, por lo que rebajó la calificación de los hechos a abusos sexuales, lo que además de implicar menor pena de cárcel tiene un gran valor simbólico porque refleja que los magistrados no consideran lo sucedido como una violación.

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    Pese a no calificar los hechos como violentos o intimidatorios, el fallo estimaba que los cinco agresores prepararon "una encerrona" a la víctima, que se sintió "impresionada y sin capacidad de reacción", lo que le llevó a "adoptar una actitud de sometimiento y pasividad" mientras los agresores la desnudaban y abusaban de ella por vía vaginal, anal y bucal sin utilizar preservativo.

    A lo largo de las manifestaciones, los asistentes —en su mayoría mujeres, de toda edad y condición— corearon lemas como "abajo la justicia patriarcal", "queremos una reforma del código penal", "no es abuso, es violación" o "quiero ser libre, no valiente".

    La decisión de la puesta en libertad de los cinco condenados fue criticada incluso desde el Gobierno de España, que dijo no comprender el criterio de los magistrados pese a manifestar su respeto ante las decisiones judiciales

    La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, aseguró que las mujeres están "perplejas e inseguras con alguna decisión de algunos tribunales".

    Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijo estar "sorprendida" porque los magistrados no vean riesgo de fuga o de reiteración delictiva si se tiene en cuenta que "los hechos probados son gravísimos".

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    A la vista de lo sucedido, Celaá comunicó que el Gobierno se encuentra estudiando reformas del Código Penal en lo relativo a la tipificación de los delitos sexuales y, además, afirmó que se explorará la posibilidad de que los servicios jurídicos del Estado se personen para defender a las víctimas en casos como el de La Manada. 

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    protestas, violencia contra la mujer, España