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    Protestas en España

    Sexo, manadas y Nobel

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    Luis Rivas
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    La ONU, la Unión Europea, Amnistía Internacional, asociaciones de psicólogos, sociólogos, filósofos, tertulianos de televisión y, por supuesto, representantes de partidos políticos participan en el debate sobre la sentencia aplicada en España a los cuatro miembros de la llamada 'Manada', acusados de violación y condenados por abusos sexuales.

    La indignación popular desatada por la sentencia de los tres jueces por los hechos sucedidos en un portal de la ciudad de Pamplona, durante la fiesta de San Fermín de 2016, ocupa las primeras páginas de todos los informativos desde el día que se conoció la decisión de los jueces.

    El magistrado que emitió un voto particular justificando en 237 folios de los 371 de la sentencia que no podía considerar la agresión como violación se ha convertido en el enemigo público número uno de buena parte de la opinión pública. Este juez despertó la ira no solo por su conclusión, sino por considerar que los actos sexuales se produjeron en "un ambiente de jolgorio y regocijo".

    ​No es la primera vez que una agresión machista recibe una sentencia que puede ser criticada y causar extrañeza e indignación, pero el caso de 'la Manada' se ha convertido también en un hecho político.

    En un primer momento, la ola de protestas en las calles se extendió antes de conocer el contenido de las conclusiones de los tres jueces, dos hombres y una mujer, que no llegaron a ponerse de acuerdo sobre la decisión. El fiscal había pedido 22 años de prisión por violación; la pena aplicada por el tribunal de Navarra por abusos sexuales es de 9 años.

    Vídeo: "No es abuso, es violación": Pamplona protesta contra el fallo de 'la Manada'

    ​La recuperación política del enfado popular se puso en marcha en un momento de hipersensibilidad feminista y de desconfianza hacia ciertas decisiones de jueces explotadas por intereses políticos de todo signo.

    Pero lo que más ha sorprendido en este caso es que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se haya identificado con las críticas al magistrado disidente, declarando incluso que "ya se sabía que tenía un problema singular". El Partido Popular, asediado en las encuestas por Ciudadanos y aún herido por la dimisión obligada de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura de la formación conservadora, se unió también a la protesta contra la decisión judicial.

    El pánico se apodera de los partidos ante el grito de la calle y la fuerza de las redes sociales, que hace tiempo determinan la acción política en tiempos de populismo y de exigencia inmediata para elegir campo en cada conflicto político o social.

    A las sorprendentes declaraciones de todo un ministro de Justicia, se pueden añadir otras, delirantes, como las de un conocido catedrático de Derecho que considera que el juez señalado por la vindicta popular "se podía haber unido a 'la Manada' y haber participado en la penetración".

    Populismo y legislación obsoleta

    En este concierto de estridencias verbales no podían faltar los que en cada caso se esfuerzan en aparecer como políticamente incorrectos, aunque ello suponga bordear el ridículo.

    ​El caso de 'la Manada' vuelve a suscitar el debate en España sobre "legislar en caliente", es decir, revisar o cambiar artículos del código penal inmediatamente después de un caso que provoca repulsión en la opinión pública.

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    Lo cierto es que, en la mayoría de las ocasiones, si no se legisla en caliente, tampoco se legisla en frío, las penas no se adaptan a la realidad social, y cuando se adaptan, no siempre ayudan a evitar la alarma entre las posibles víctimas. El último ejemplo es el delincuente sexual acusado en España de 17 violaciones y que recupera la libertad tras 20 años de cárcel sin que la Fiscalía le considere rehabilitado.

    En el caso de las agresiones sexuales a mujeres la situación es  grave, no sólo en España, sino en todos los países que dicen pertenecer al primer mundo. Francia vive estos días bajo los efectos del espanto provocado por la violación y asesinato de una niña de 13 años. El autor fue condenado por violación ya en 1996, y se une a los casos de reincidentes que desesperan a la opinión pública y animan el endurecimiento de las leyes.

    Después de cada caso, los políticos se ven a obligados a dar su opinión y valorar los hechos. Los jueces se convierten en objeto de la ira, cuando esos mismos políticos son los responsables de legislaciones que en el apartado de violencia machista parecen claramente obsoletos. ¿Es esta una circunstancia que justifica la absoluta paridad en parlamentos y en instancias judiciales? ¿Una mujer juez sabría mejor que un hombre distinguir entre una violación y una agresión sexual? ¿La indefensión de las mujeres víctimas y la impunidad de los hombres que agreden debe seguir siendo una tara en sociedades que se consideran desarrolladas?

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    Los países nórdicos y, en especial Suecia, se exhiben como ejemplos de los avances en materia de lucha contra el machismo. Pero han debido pasar 18 años para que se hiciera pública la información sobre acosos, agresión sexual y violaciones denunciadas por 18  mujeres en una institución como la Academia Sueca, que otorga los premios Nobel. Ello ha provocado incluso que este año el galardón de literatura no se conceda.

    Los países europeos presumen con razón de estar a la vanguardia de la lucha contra las lacras que perviven en sociedades donde la mujer tiene institucionalizado un papel secundario. La mutilación sexual, el código de honor familiar, los matrimonios forzados y otro tipo de hábitos existentes en decenas de países están perseguidos en Europa, que intenta combatirlos en todo el mundo también a través de las instituciones internacionales.

    A Europa le queda mucho, sin embargo, para creerse ejemplar en el tratamiento legislativo de las agresiones sexuales a mujeres. La presunción de inocencia es la base del derecho, pero disquisiciones sobre la diferencia entre abuso sexual o violación cuando se ha verificado una penetración grupal parece poco admisible en el siglo XXI.

    Obligar a una mujer a justificar pruebas de resistencia, arriesgando su vida, para demostrar que no quiere aceptar una relación sexual es una invitación a seguir perpetuando una cultura machista.


    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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    Etiquetas:
    legislación, justicia, abuso sexual, violación sexual, violaciones, España