"Parece demostrada la presencia de activistas patrocinados por instituciones rusas en la expresión mediática del conflicto derivado de la situación creada en Cataluña durante 2017, como consecuencia del alejamiento de la legalidad constitucional vigente de ciertas instituciones autonómicas catalanas", señala el informe.
La cita aparece en un apartado el que se señala a la existencia de campañas de "desinformación" como parte de una creciente estrategia de "guerra híbrida" patrocinada por algunos Estados para "influir en la opinión pública" durante "procesos electorales" o "situaciones de conflicto".
Según el informe, durante el año 2017, quedó claro que "la sustracción digital, la publicación de información o la intoxicación de los medios de comunicación o las redes sociales se utilizó profusa y estratégicamente por actores estatales con el objetivo de desestabilizar a otros Estados y polarizar a la población civil".
"En la mayoría de las ocasiones las víctimas han sido instituciones democráticas o partidos políticos de muchos países del mundo, España entre ellos", añade el documento.
En distintas ocasiones, el Gobierno español afirmó tener información que apunta a que muchas de las supuestas noticias falsas aparecidas durante la crisis catalana tenían su origen en servidores situados en Rusia y Venezuela.
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No obstante, las autoridades evitaron señalar a las instituciones de dichos países, algo que sí hace el informe del CCN, aunque no proporciona datos al respecto.
