La investidura estaba prevista para el 30 de enero, pero no llegó a celebrarse puesto que el TC impuso una serie de medidas cautelares que incompatibilizaban la candidatura de Puigdemont —en aquellos momentos huido a Bélgica— con la posibilidad de que la judicatura española diese ningún tipo de validez al proceso.
Ante la perspectiva de una detención si Puigdemont acudía a territorio español, el presidente del Parlamento catalán decidió posponer de manera indefinida el pleno de investidura, lo que acabó derivando en la propuesta de otros candidatos.
"Aunque el Presidente del Parlamento de Cataluña dejara sin efecto la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura y designara un nuevo candidato, la impugnación presentada plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción del referido proceso constitucional", aprecia el Tribunal Constitucional.
Con esta admisión a trámite, el TC decide seguir adelante con el estudio de la impugnación presentada por el Gobierno y se obliga a pronunciarse sobre el fondo del asunto pese a que la sesión de investidura no llegó a celebrarse.
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