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    "Amnistía Internacional promueve que el terrorismo quede impune en España"

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    En su informe del 13 de marzo, Amnistía Internacional (AI) denunció que el Gobierno español está usando la ley antiterrorista para "aplastar la sátira y la expresión creativa online". Sputnik conversó sobre el tema con Juan de Dios Dávila, experto en terrorismo y presidente de la fundación española Unidad + Diversidad.

    AI instó al Gobierno español a derogar el artículo 578 de su Código Penal, elaborado con la intención de combatir el "enaltecimiento" del terrorismo y la "humillación de las víctimas de delitos de terrorismo".

    El informe señala que usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesados en virtud del artículo, que estipula penas de entre uno y tres años de prisión.

    Según AI cada vez hay más gente procesada por el mencionado artículo, cuestión que se produce en un contexto "en el que el espacio para expresar la discrepancia en España se reduce con rapidez" dando como resultado "una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión".

    Dávila, hermano del teniente coronel Fidel Dávila, asesinado por ETA en 1993 y exconcejal del Partido Popular en Hernani (País Vasco),criticó el informe y dijo a Sputnik que "AI no está teniendo en cuenta a las víctimas del terrorismo".

    "Desgraciadamente lo único que promueve el informe de AI es que el terrorismo, que es el asesinato de personas para imponer un proyecto político, quede impune y parezca que pedir justicia signifique pedir venganza, y no es así: la paz es imposible si no hay justicia", aseguró Dávila.

    El experto en terrorismo asegura que "no es que se esté restringiendo la libertad de expresión, es que hay determinadas ideas que de por sí son criminales". En ese sentido agregó que AI "no está diciendo la verdad sobre, por ejemplo, qué pasa en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Es un informe sesgado, probablemente porque la organización tiene una ideología próxima al nacionalismo catalán".

    En el comunicado que difundió AI junto al informe, se cuenta el caso de Cassandra Vera, una estudiante de 22 años que fue condenada a una pena condicional de un año de cárcel en 2017 por "humillar" a las víctimas del terrorismo y por bromear en Twitter sobre Luis Carrero Blanco, asesinado hace 44 años por una bomba de ETA que hizo volar su auto por los aires 20 metros.

    "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial", había escrito la estudiante. "La condena conllevó la pérdida de su beca universitaria y siete años de inhabilitación para empleos públicos", se lee en la web de AI.

    Dávila contó que cuando fue concejal (2003-2007), el brazo político de la banda terrorista ETA hacía encuestas donde "se preguntaba a la gente si querían o no tener el documento de identidad vasco o con el español era suficiente". Con la información "hacían listas que usaban para extorsionar".

    "Una de mis compañeras del ayuntamiento recordaba cómo en el colegio metían en los baños a su hermana y le pegaban porque su padre era concejal socialista. Lamentablemente eso hoy sigue existiendo. No hay atentados terroristas, es cierto, pero sigue todo un entramado de extorsión que lleva al miedo con el fin de que una única idea política sea la que domine la sociedad vasca", dijo Dávila.

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    Concluyó que pareciera que AI promueve que el terrorista sea "un sujeto de derechos políticos como cualquier otro ciudadano", y se olvida que el Estado "tiene que tener todos los resortes para evitar que el criminal no pueda disfrutar de las mismas libertades que el resto".

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    terrorismo, libertad de expresión, ETA, Amnistía Internacional, España
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