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    "Todos los escenarios de independencia en Cataluña conllevan trauma económico"

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    Proceso secesionista catalán (166)
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    MADRID (Sputnik) — Cataluña es una región con capacidad para funcionar como un Estado independiente, pero los escenarios de una ruptura con España son "absolutamente traumáticos a nivel económico" por los "costes de transición" que conllevaría el divorcio, declaró a Sputnik Manuel de la Rocha Vazquez, economista de la Fundación Alternativas.

    "No hay ningún escenario de salida de Cataluña que no sea absolutamente traumático a nivel económico", afirma De la Rocha, que entre otras cosas es fundador del colectivo Economistas Contra la Crisis y que entre 2014 y 2016 fue Secretario de Economía del PSOE.

    A su modo de ver, una Cataluña independiente puede ser "absolutamente viable" pero siempre tras pagar un "coste de transición" cuya intensidad va en función de los términos de la ruptura.

    "En el mejor de los escenarios —con un referéndum pactado, permanencia de Cataluña en la Unión Europea y un reparto amigable de activos y deudas con Madrid— el coste sería alto: habría dislocación de empresas y mucha inestabilidad", afirma.

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    Después se da la opción de un escenario "central" de "salida con cierto desorden" en el que "habría un periodo de incertidumbre" donde Cataluña "pasaría un buen tiempo fuera de la Unión Europea y sin reconocimiento internacional", lo que llevaría a una salida "masiva" de empresas.

    "Esos costes de dislocación serían gigantescos: los sufriría también España, pero sobre todo serían dañinos para Cataluña", resume.

    De la Rocha destaca en todo momento que Cataluña podría acabar siendo viable como un Estado independiente "en el largo plazo", sobre todo si se tiene en cuenta que es una "región prospera".

    No obstante, señala que "mientras se llega a ese largo plazo hay un coste enorme en el corto plazo, que puede durar una década".

    El tercer escenario señalado por el economista es de un improbable "enfrentamiento total" con dos legitimidades paralelas no reconocidas entre sí, lo que agudizaría aún más la huida de empresas por la extrema situación de incertidumbre y por el riesgo de doble imposición.

    "Ante la duda y la posibilidad de que haya que pagar doble o que no se sepa bien que pagar las empresas establecen su sede social fuera para no tener que pagar a Cataluña. Y en el caso de los bancos es más claro porque ya ni siquiera tendrían acceso al Banco Central Europeo", relata.

    Según datos del Colegio de Registradores de España, desde el pasado 1 de octubre un total de 540 empresas se trasladaron desde Cataluña a otros puntos del territorio nacional pese a que por el momento no se oficializó la ruptura unilateral.

    El 10 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, validó el resultado del referéndum independentista realizado el 1 de octubre y reafirmó su voluntad de "asumir el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república".

    Sin embargo, Puigdemont pidió al Parlamento catalán que mantenga en suspenso la proclamación de independencia para dar espacio a un diálogo con Madrid.

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    Después de eso, el Gobierno de Mariano Rajoy envió un requerimiento a Puigdemont para aclarar si declaró o no la independencia como condición previa a activar las vías legales previstas para responder una situación así.

    Una situación inédita

    De la Rocha define el escenario actual como el de una "declaración de independencia que queda en suspenso de forma temporal".

    A su modo de ver esto es algo "inédito" que forma parte de "una estrategia clara de los independentistas" para "generar confusión" y "vender gestos de una cierta voluntad negociadora" al tiempo que "van avanzando poco a poco" en sus planes secesionistas.

    "Quieren ganar crédito por no haber hecho una declaración de independencia dura y luego haberla retirado", resume.

    En su opinión, esta estrategia sirve a los independentistas para "no dar un salto al vacío demasiado rápido" pese a que "no parece que estén dispuestos a replantearse el proyecto".

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    En consecuencia, De la Rocha considera pertinente la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, que permite abrir la vía del artículo 155 de la Constitución —por la que el Ejecutivo puede intervenir ciertas funciones de las Comunidades Autónomas si estas se declaran en desobediencia.

    No obstante, De la Rocha cree que "la respuesta de Puigdemont no va a clarificar nada" porque en ella puede elegir un lenguaje ambiguo similar al utilizado anteriormente.

    "El Gobierno va a tener, más pronto que tarde, decidir si lo que se dijo ayer supone ir al 155", afirma, aunque destaca que en todo momento las decisiones del Ejecutivo buscarán la aprobación de "la oposición constitucionalista" de PSOE y Ciudadanos.

    Después del 155

    En cuanto a la aplicación del 155, De la Rocha destaca cualquier decisión del Gobierno debe ser cautelosa porque la redacción del artículo es ambigua y no hay un consenso amplio sobre qué permite y qué no.

    Además, el economista destaca que la intervención del Gobierno catalán desde Madrid puede tener "un coste político bestial", por lo que es preferible que el 155 sea utilizado como un puente para ir a unas nuevas elecciones, asumiendo así el riesgo de un resultado nuevamente favorable para el independentismo.

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    En cualquier caso, apunta que "no hay situación exenta de riesgo" puesto que es "muy complicado" poner sobre la mesa propuestas que generen consenso cuando "se ha llegado a un punto donde la polarización es tan grande".

    "En mi opinión hay que ir a una reforma constitucional en clave federal asimétrica donde Cataluña obtenga ciertos reconocimientos y además se diseñe un nuevo sistema de financiación autonómico", apunta.

    De acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución, esa reforma debería ser votada por toda España, lo que en opinión de De la Rocha solo puede hacerse si el resto de los españoles muestran "generosidad" y si el nuevo modelo territorial consigue seducir a secotres independentistas.

    "Hay un porcentaje de catalanes —de entre el 15 y el 20%— que nunca va a aceptar nada que venga de España, pero como ahora mismo la cosa está muy igualada, bastaría con que esa opción atrajese a un 10 por ciento de los independentistas sobrevenidos para tener mayoría", concluye.

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