"El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, desestimó el recurso de súplica presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra la suspensión cautelar de la reforma parcial del Reglamento del Parlamento de dicha Comunidad Autónoma", informó el órgano judicial en un comunicado.
De esta manera, el Tribunal Constitucional mantiene bloqueada la vía diseñada por el independentismo catalán para tramitar de manera exprés las leyes de desconexión, entre las que se encuentra la convocatoria oficial para el referéndum del 1 de octubre.
El pleno del TC decidió el 31 de julio admitir a trámite un recurso del Gobierno central contra la citada reforma del Parlamento catalán, lo que obligó a la suspensión cautelar de la misma hasta que se produzca una decisión definitiva, algo para lo que el tribunal dispone de cinco meses.
Disconforme, el Ejecutivo catalán presentó un recurso contra la suspensión alegando que el Tribunal Constitucional no juzgaba la legalidad del mecanismo sino el contexto político general en Cataluña.
Además, el Gobierno catalán argumentó que otras cámaras autonómicas y el propio Congreso de los Diputados disponen de mecanismos similares.
Sin embargo, el TC rechazó el recurso argumentando que solo se puede impugnar la admisión a trámite de la denuncia del Gobierno —y por tanto la suspensión cautelar— por disconformidad con cuestiones de procedimiento y no sobre el fondo de la cuestión.
Estaba previsto que la Mesa del Parlamento catalán abordara la tramitación del proyecto de ley del referéndum, pero el órgano rector de la cámara legislativa, a la espera de conocer la decisión del TC, decidió posponer este asunto.
La providencia emitida por el TC el 31 de julio recordaba que las autoridades catalanas tienen "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".
Más concretamente, el tribunal alertó de posibles responsabilidades penales a aquellos representantes que realicen movimiento alguno que implique la tramitación de una proposición de ley por el citado procedimiento de urgencia.
"No hay que ser inocentes", dijo Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, que recibió una notificación particular del Tribunal Constitucional sobre la citada providencia.
Forcadell recordó que cinco miembros de Mesa del Parlamento catalán tienen abiertos judiciales abiertos por admitir tramitaciones relacionadas con el proceso independentista, por lo que llamó a la prudencia antes de iniciar procedimientos relacionados con la ley del referéndum.
Diferentes representantes institucionales del Gobierno y del Parlamento catalán explicaron en las últimas fechas que, de fracasar el recurso, presentarían alegaciones ante el TC en defensa de la legalidad del mecanismo de urgencia, lo que obligará al tribunal a volver a pronunciarse al respecto.
