"Con esta querella queremos revertir la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos en el Estado español, algo que es absolutamente impropio de un Estado de derecho", explicó en rueda de prensa Jacinto Lara Bonilla, abogado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH).
El querellante alega haber sufrido torturas por parte de la Brigada Político Social –la policía política del franquismo– tras ser detenido en 1970 y 1973.
Otro de los abogados responsables de elaborar y presentar la querella, Manuel Ollé, explicó en declaraciones a Sputnik que la tortura está documentada mediante el registro de las detenciones, el testimonio de la víctima y las declaraciones de personas que coincidieron con Suárez-Carreño en los calabozos de la DIrección General de Seguridad.
"Hay varios testimonios que explican el estado en el que se encontraba y como se produjo la tortura", explica Ollé, que califica esta prueba como "la más fiable" para demostrar las agresiones físicas porque las personas que aportan su declaración "oyeron los gritos y vieron las heridas en los calabozos".
Ataques sistematizados
De esta manera se pretende demostrar que las torturas franquistas supusieron la comisión de crímenes internacionales contra la humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.
Este informe pericial es, según explicaron los abogados, una clave del caso para evitar que la Justicia española eluda calificar los hechos narrados como crímenes de lesa humanidad, tal y como hizo la Audiencia Nacional después de que la Justicia Argentina emitiese una orden de detención internacional contra "Billy el Niño".
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Según recordó Ollé, España tiene una "obligación reforzada" de investigar este tipo de crímenes después de haber denegado la extradición del torturador ya el derecho internacional obliga a "extraditar o juzgar".
"Un principio del derecho penal internacional es que cuando no entregas a otra persona por cometer un crimen internacional como los crímenes de lesa humanidad, el Estado que niega esa extradición tiene la obligación de juzgar a esta persona", prosigue.
Otro posible impedimento para que prospere la querella es la Ley de Amnistía aprobada en 1977, pero Ollé recuerda que esa norma debería ser "nula técnicamente hablando" ya que promueve la "impunidad" y propicia "el incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por España en diferentes tratados".
Una oleada de querellas
Además de esta querella, que es la primera presentada individualmente contra un torturador franquista en España, los abogados que colaboran con Suárez-Carreño anunciaron que se encuentran preparando otras quince denuncias de represaliados por el franquismo.
"De lo que se trata es de generar mucha incomodidad en el ámbito jurisdiccional para que los jueces se pronuncien y para que puedan ser fiscalizados y cuestionados en las instancias internacionales a través de sus decisiones", explicó Lara Bonilla.
Los abogados recordaron que hasta el momento "ni una sola de las personas que sufrieron la violencia franquista fueron reparadas por la Justicia española" y que "ni uno solo de los responsables de tanto horror ha comparecido".
"Esta acción va contra la terrible impunidad en España, contra aquellas graves violaciones que destrozan el corazón de los derechos humanos y que trataron de destrozar la dignidad de Luis", sentenció Ollé.
Este abogado destacó el valor de la acción judicial iniciada este miércoles ya que los letrados no tienen constancia de precedentes de querellas de este tipo aunque lamentó su carácter expecional en un contexto de total impunidad.
