"Los sucesivos gobiernos de la democracia española no han tratado bien la memoria histórica, se sigue sin hacer justicia con las víctimas del franquismo", señala Cabra a tan solo un mes de que se cumplan 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco.
"En 2007 se aprueba la ley de memoria histórica, impulsada por el PSOE, pero hacen caso omiso de todos los documentos de derechos humanos internacionales. Es decir, en esta ley no se contempla la parte de la justicia", apunta Cabra.
Ante esta situación, AGE propone dos puntos que pueden unir a todas las organizaciones españolas, tanto partidos como sindicatos o asociaciones.
"En primer lugar, el reconocimiento jurídico para las víctimas del franquismo y la resistencia y en segundo, la condena jurídica de la dictadura franquista", explica la secretaria general de AGE.
"Esto supondría la eliminación de la ley de amnistía de 1977, que absuelve a los torturadores fascistas y a los asesinos de la dictadura y condena al ostracismo a las víctimas", explica, añadiendo que es esa ley de 1977 la que impide la extradición de los torturadores y asesinos imputados por la justicia argentina en la investigación de los crímenes de la dictadura franquista.
No obstante, denuncia una "negativa terrible" por parte de muchos partidos, especialmente de la derecha.
La activista denuncia que, 40 años después del fin de la dictadura, todavía se continúa con la impunidad e incluso con el mantenimiento de las calles franquistas.
"Cuatro décadas después todavía tenemos que vivir en calles de generales y militares franquistas, esto no se tolera en ningún otro país civilizado, en Alemania sería impensable mantener calles con el nombre de militares nazis", denuncia Cabra.
