Los representantes del expresidente del Gobierno catalán Artur Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, ratificaron este 9 de febrero su escrito de defensa previo al juicio.
Desde ese momento, argumentan los acusados, la organización de la consulta fue obra de la sociedad civil a través de 42.000 voluntarios.
En la citada consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
Además, las defensas de los políticos independentistas mantienen que las disposiciones del Tribunal Constitucional en contra del proceso participativo carecían de "una orden concreta, precisa y determinada" que decretara su prohibición.
"El señor Mas recibió una providencia que ni tenía mensaje claro, ni se puede considerar completa por falta de aclaración, ni concretaba en su persona la responsabilidad de adoptar una determinada conducta", expresa el escrito de defensa, ratificado este 9 de febrero.
Por su parte, la Fiscalía también ratificó sus peticiones, que consisten en penas de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso del expresidente Mas y de nueve años para Ortega y Rigau.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados eran "plenamente conscientes" de que la celebración de la consulta quebrantaba el "obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional".
Este 9 de febrero se celebró la cuarta jornada del juicio, en la que además de producirse las citadas ratificaciones, testificaron varios de los voluntarios que permitieron llevar a cabo la consulta.
Está previsto que este 10 de febrero se celebre la última jornada del juicio y que la causa quede vista para sentencia.
