"El equipo de Gobierno de Viladamat le hace entrega de esta bandera en vista del desuso que tiene en nuestro municipio y en particular en las instalaciones municipales", asegura el Consistorio en una carta dirigida la delegada del Ejecutivo central en Cataluña.
La Candidatura de Unidad Popular (CUP), anticapitalista e independentista, gobierna en Viladamat con mayoría absoluta.
"El pueblo de Viladamat ya ha demostrado en reiteradas ocasiones su posición respecto a esta bandera, por lo que es evidente que, mediante métodos democráticos, esta enseña jamás volverá a ondear en nuestros municipios", prosigue la carta.
Este es el segundo episodio de confrontación en lo que va de semana entre un Ayuntamiento independentista y la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos.
El pasado martes, María de los Llanos recurrió a los tribunales pidiendo que se actuara contra el Ayuntamiento de Badalona después de que la regidora del mismo anunciase que los trabajadores del Consistorio podrían trabajar de manera voluntaria durante la jornada del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional española.
Lea más: Miles de personas se manifiestan en Barcelona en favor de la unidad de España
Ese método de protesta contra una festividad que muchos sectores de la izquierda y el independentismo rechazan por colonialista fue contrarrestado por un tribunal pocas horas después, prohibiendo, tal y como pedía la Delegación de Gobierno, que sus empleados pudieran trabajar ese día.
Sin embargo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Badalona se presentó en la mañana del miércoles 12 de octubre en las puertas del Consistorio y accedió a su lugar de trabajo.
Tema: Proceso independentista catalán
En un gesto simbólico, el teniente de alcalde José Téllez rompió el auto que les prohibía trabajar en el día festivo ante la prensa congregada en las puertas del edificio municipal.
Esto ha provocado que el grupo municipal del Partido Popular en Badalona presente una denuncia por desobediencia contra el equipo de Gobierno, iniciando de ese modo un nuevo episodio de litigiosidad judicial entre instituciones regidas por independentistas y el partido que gobierna España.
