"Es un anuncio muy positivo para el país, porque permite conocer a nivel de organismos multilaterales la gravedad del problema y que el Estado vea la necesidad de asumir un mayor compromiso para proteger a sus líderes", dijo a Sputnik monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó (Chocó), una de las regiones más afectadas por la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia.
La visita estará coordinada por el relator Francisco José Eguiguren y ha sido avalada por la Cancillería de Colombia.
Por su parte, Jhonatan Centeno, vocero del movimiento de izquierda Marcha Patriótica en el departamento del Cauca (suroeste), dijo a esta agencia que "la visita se da en hora buena", ya que a raíz de las evaluaciones que realice el organismo se le podrá exigir al Gobierno central que cumpla con las medidas cautelares pactadas para la protección de los líderes sociales.
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"Nos siguen amenazando, nos siguen asesinando, y eso lo que está representando son limitaciones para que nosotros podamos seguir desarrollando nuestra actividad social, porque eso impacta en los procesos sociales que lidera cada una de las personas que son asesinadas, lo cual ha llevado a que la situación se complique cada vez más en el departamento", señaló Centeno.
Por último, Nélson Arévalo, quien hasta esta semana ofició como defensor regional del Pueblo en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), una de las regiones más convulsas del país y en la que más líderes sociales han sido asesinados, consideró de gran importancia que la delegación de la CIDH visite la región y dialogue con los líderes para que reconozca el problema en su magnitud.
"Anhelamos que la CIDH pueda venir y conocer de primera mano la situación en la región, dialogar con los líderes, para que se lleven las impresiones reales de lo que sucede en el territorio", dijo Arévalo.
Según cifras del Gobierno colombiano, más de 300 líderes sociales han sido asesinados en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
"Nos preocupa los más de 300 crímenes que se han presentado después de que se cerró el proceso de paz en noviembre de 2016, hemos dicho que cada vez que se presenten esos hechos vamos a trabajar con las autoridades para esclarecerlos y que contra los responsables caiga todo el peso de la ley", dijo el presidente de Colombia, Iván Duque.
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De acuerdo con Duque, el Gobierno colombiano trabaja en el desarrollo de una nueva política integral para la protección de líderes sociales y representantes de derechos humanos, en la cual la Fiscalía y la Procuraduría estarán integradas para reforzar las investigaciones con el objetivo de esclarecer los homicidios.
