El gobierno de México debe expresar su total repudio, no solo a pagar por el muro fronterizo de Trump, "sino rechazar la siembra de una profunda desconfianza entre dos países, que no solo son vecinos sino están hermanados por las comunidades binacionales", argumentó Guevara, quien fue ministro responsable de DDHH en la misión permanente del gobierno de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza.
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Los gobiernos de México y EEUU, de Enrique Peña Nieto y Trump, están obligados a una relaciones de confianza y de solución de problemas comunes con pleno respeto a principios multilaterales de DDHH.
"El muro no respeta los derechos de las personas, ni de los pueblos fronterizos originarios, porque pone su territorio en situación de riesgo", enfatizó el jurista.
El país latinoamericano tiene además un serio problema de incapacidad para hacer frente a sus retos en materia de seguridad, dijo el también exdirector de promoción y defensa de DDHH de la secretaría de Gobernación (Interior, federal).
Fracaso de estrategia militar
La estrategia coordinada con EEUU en materia de narcotráfico, que se endurece con Trump, no ha sido adecuada ni efectiva, dijo el experimentado abogado, que ha sido coordinador regional para América Latina de la coalición para la Corte Penal Internacional (CPI), una red que aglutina a más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.
"La política antidrogas no es adecuada porque se han cometido graves violaciones a los DDHH en esa guerra contra el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, perpetrados por fuerzas policiacas y militares que han perpetrado torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales sin sanciones", dijo el titular de la CMDPDH, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.
Esa política ha sido ineficaz, señala: "La política de seguridad que quiere profundizar Trump ha sido muy costosa y no han reducido el trafico de drogas a EEUU ni su distribución masiva, tampoco ha erradicado a la criminalidad en el país".
No obstante la captura o ejecución de un centenar de cabezas del narcotráfico, los cárteles aumentaron de siete a una decena en 2016, un 60% de los homicidios estuvieron relacionados con el crimen organizado, y los homicidios crecieron 22% anual.
"No hay menos delitos ni menos tráfico con la militarización, a pesar de que hay tropas en las calles contra la delincuencia organizada, en realidad se han incrementado", apuntó Guevara.
En cuatro de los seis años del gobierno de Peña Nieto han muerto más de 63.800 personas en México, según cifras oficiales, cerca del total de la declaración de "Guerra contra el narcotráfico", de su antecesor Felipe Calderón.
Espejismo de un plan Colombia
Guevara considera que la nueva relación debe promover el ataque a la delincuencia con absoluto respeto a la legalidad y el Estado de Derecho.
La prueba de fuego para México se puede resumir así: "El gobierno de México debe llevar a juicio a los responsables del estado vinculados de crímenes, torturas y desapariciones, y atacar el sistema financiero de la delincuencia organizada, que sigue intacto", dijo el experto independiente y ex funcionario federal.
"Me parece que una alternativa para México como el Plan Colombia no debe ser aceptada por el gobierno de Peña Nieto", ataja el jurista.
"La alternativa no es la fuerza militar ni el desplazamiento de personas, ni muros, sino el establecimiento sólido del Estado derecho y políticas bilaterales de Estado para lidiar con la droga, la prevención de riesgos y una paz con justicia", resume Guevara.
Mientras que el Congreso de México discute una ley de seguridad interior para valar el rol de las fuerzas armadas en las calles, Peña Nieto sale en defensa del papel de los militares en tareas de seguridad pública.
Pero en las condiciones de un presidente con una popularidad en los suelos de un solo dígito "no tengo expectativas de un cambio significativo de una política exterior que se ajuste a las documentadas expectativas ciudadanas" dice con desencanto el experto.
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Bastaría con observar las recomendaciones de organismos internacionales que se acumulan, "pero no hay disposición para enfrentarlas ni cumplirlas", sentencia.
"No ha habido ni se prevé un castigo a militares o funcionarios involucrados en crímenes de la guerra antidrogas", puntualizó.
