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    El Gobierno de España ha aprobado un primer paquete de medidas de urgencia para paliar la profunda crisis del sector agrícola, movilizado en las últimas semanas mediante masivas acciones de protesta por todo el país. Las medidas modifican la Ley de Cadena Alimentaria en aras de asegurar un precio más justo de los productos en origen.

    La tensión social no tiene visos de cesar en España. Los agricultores españoles llevan semanas protagonizando acciones de protesta para reivindicar un futuro en que su actividad económica sea viable.

    Los paros parciales y las concentraciones ciudadanas del día 24 de febrero en toda la provincia de Jaén ―verdadera capital mundial en lo que a producción de aceite de oliva se refiere― pusieron de manifiesto un día más la problemática del precio del producto en origen y la perspectiva de una industria amenazada de ruina, sobre todo en el caso de los pequeños agricultores.

    En medio del calendario de protestas, que prevé un mes de marzo también "caliente", el Gobierno de España ha aprobado mediante un Real Decreto de ayudas al campo una serie de modificaciones a la Ley de la Cadena Alimentaria. Entre las medidas destaca la prohibición de la llamada "venta a pérdida", por lo que de ahora en adelante se obliga a todos los intermediarios de la cadena alimentaria a pagar un precio igual o superior al de los costes de producción de los productos en cuestión.

    La medida cuenta con una excepción: con el fin de no incurrir en desperdicios, el último eslabón de la cadena alimentaria, las tiendas, podrán vender productos perecederos por debajo del coste de producción si su fecha de caducidad se halla muy próxima.

    El paquete de medidas auspiciadas por el Ministerio de Agricultura se ve reforzado por las aprobadas por el Ministerio de Trabajo, que contempla ayudas en forma de bonificaciones a las empresas que conviertan los contratos temporales en indefinidos o en fijos discontinuos. Igualmente, se reducen de 35 a 20 el número mínimo de peonadas para optar al subsidio de desempleo.

    Esta última medida emana de la constatación de una bajada en la producción en el sector olivarero, lastrado además por la política arancelaria de EEUU.

    La reacción de la comunidad agraria

    Las organizaciones agrarias muestran su circunspección. Si bien COAG, Asaja y UPA han calificado de "insuficientes" las medidas aprobadas en Consejo de Ministros, Lorenzo Ramos Silva, secretario general de UPA, declaró estar orgulloso de las movilizaciones protagonizadas y dijo a los medios:

    "Hemos conseguido que una reivindicación histórica, como es la anulación de las ventas a pérdida, se haya aprobado por el Consejo de Ministros y que esté ya en la ley", recalcando haber pedido al Gobierno que sea contundente en su aplicación. 

    Y es que el conjunto de medidas aprobado no puede obviar el estrecho margen de maniobra con el que cuenta el Gobierno para intervenir la economía de la cadena alimentaria y fijar los precios. La problemática del campo español en general y del sector olivarero en particular no es nueva, viene de atrás y conjuga muchos factores. "Hay que recordar que la II República Española ya abordó la reforma agraria en 1932 cuando en el resto de Europa occidental todo lo referente al campo hacía un siglo que estaba resuelto", señala el economista Santiago Niño Becerra, quien explica que el problema aquí es doble:

    "Por un lado producimos un catálogo de variedades de medio valor añadido y en muchos casos se comercializan o exportan sin procesar, lo que supone hacerlo a bajos precios (el caso de aceite es paradigmático)".

    "Por otro", continúa este experto, "el sector se halla muy atomizado; no cuenta con una sola voz por familias de productos para negociar con las grandes centrales de compra, lo que implica bajos precios para los agricultores". Y el no cumplimiento de las normas sanitarias europeas por parte de productos importados desde terceros países es un problema común para todo el continente, recuerda.

    EEUU, un muro para el aceite español

    La nueva política arancelaria de las autoridades de EEUU ha provocado una caída de hasta un 60% en las exportaciones de aceite envasado a ese país (datos de diciembre de 2019 en comparación a diciembre de 2018). De las 60.000 toneladas que España solía exportar a ese país anualmente, se ha pasado a una situación en que la cifra correspondiente a diciembre asciende solo a 1.730, mientras que las importaciones de aceite de oliva de otros países en ese mismo mes para cubrir los pedidos de los clientes estadounidenses se cifran en casi 27.000 toneladas, un récord absoluto.

    Las grandes empresas olivareras, como Acesur, pueden plantearse construir una planta embotelladora en EEUU para envasar allí el aceite a granel ―de momento no sujeto a aranceles―, pero el espacio de maniobra de empresas o cooperativas más pequeñas se antoja mucho menor.

    "Aunque el aceite ha sido uno de los productos escogidos para aplicar las medidas protectoras que le ha permitido la OMC por el conflicto de las ayudas de Estado a la fabricación de aviones comerciales, la problemática ya venía de atrás con las aceitunas de mesa, por ejemplo", recuerda Niño Becerra, que también destaca el exceso de oferta como otro de los problemas. "Si no hay una colaboración entre productores a fin de unir potencialidades en foros internacionales, muy poco obtendrán", concluye, no sin antes convenir en que un hipotético levantamiento de las sanciones a Rusia sería de gran alivio al sector agrícola español, pues la respuesta rusa desde 2014 es el veto a la producción agroalimentaria de la UE. 

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    bajo coste, precios, crisis económica, agroindustria, aceite de oliva, Ministerio de Agricultura de España, agricultura, protestas
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