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    Inversión millonaria de magnate indio pone en tensión la costa michoacana en México (vídeo)

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    Ecología
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    Eliana Gilet
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    La inversión de 1.000 millones de dólares para la primera Zona Económica Especial en México, en el Puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, ha generado una gran polémica. Sputnik habló con el periodista de investigación Rodrigo Caballero y te lo explica.

    La inversión fue anunciada por Lakshmi Mittal, presidente ejecutivo de Arcelor Mittal, una de las mayores siderúrgicas mundiales, con el fin de modernizar su planta productivas, bajo el nuevo marco de inversiones propuesto por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

    La zona es altamente compleja: hay pueblos indígenas y autodefensas, crimen organizado y fuertes capitales que quieren aprovechar la Zona Económica Especial del puerto Lázaro Cárdenas. La foto que muestra a Mittal estrechando la mano del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, despertó la preocupación de los habitantes de la zona, y también, la curiosidad de Rodrigo Caballero, un periodista de investigación local, que se trasladó a la zona de Aquila, para retomar el testimonio de los principales líderes sociales de la región.

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    "Es una zona que no ha sido explotada al grado que se pretende, que tiene potencial minero pero también conflictos sociales, tanto de pueblos mestizos como de pueblos indígenas; son elementos que van agregándole complejidad", explicó Caballero en diálogo con Sputnik.

    A esto hay que agregar una fuerte presencia del crimen organizado durante los últimos 10 años. "Hay que tener en cuenta que además de sus actividades ilícitas inherentes al crimen organizado (como el secuestro, la extorsión o el cobro de derecho de piso), su principal ingreso económico en esta zona era la minería", explicó el periodista.

    En 2013, la zona se llenó de grupos armados de "autodefensas", en que los pobladores se armaron, siguiendo el ejemplo de las policías comunitarias de los pueblos indígenas vecinos, y tomaron la seguridad en sus manos. En muchos casos fueron exitosos y lograron desplazar a las células del crimen.

    "La extracción ilegal de mineral de hierro en la región sierra-costa de Michoacán era vendida a través del puerto de Lázaro Cárdenas y sus ganancias eran mucho mayores que las que pudieran haber recabado con el narcotráfico" agregó.

    El fantasma minero

    En esta zona tropical, salvo esas excepciones, la minería no se practica. Las actividades económicas de los pueblos son la ganadería, la pesca y el turismo. Sin embargo, Caballero dijo a Sputnik que en el municipio de Aquila hay 30 zonas mineras ya delimitadas a nombres de particulares "que posan como dueños hasta que empiece la explotación y aparezca ésta u otra empresa que controle la explotación minera".

    El reportero michoacano señala que con el antecedente que enriqueció al narcotráfico, se pone en tensión a una zona que vive en un frágil equilibrio. "El riesgo es que mientras esta zona no esté libre de actores del crimen organizado, cualquier intento de desarrollo minero los terminaría beneficiando directa o indirectamente", dijo.

    Por ahora la inversión es para la ampliación y modernización del puerto y todavía no hay desarrollo minero en sí, explicó Caballero, pero este vendría en una segunda etapa. La ampliación de uno de los principales puertos mexicanos solo se justifica si es para desarrollar una fuerte actividad económica en la zona. La salida del mineral de hierro sería el principal interés para el dueño de la multinacional del acero.

    La Zona Económica Especial fue uno de los proyectos insignia anunciados al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, que avanzó al ritmo proyectado. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador contempla mantener las Zonas Económicas Especiales proyectadas y crear nuevas.

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    El anuncio ha despertado preocupación en la población. "El gobernador instruyó a sus secretarios que debían conservar esta inversión. Les pidió blindar el puerto de Lázaro Cárdenas en cuanto a su seguridad y también, que no haya resistencias de movimientos sociales ni comunidades indígenas a este proyecto", relató Caballero.

    Pero el desarrollo del proyecto afectará la organización de los pueblos. "Esto implica violaciones de derechos humanos, conflictos agrarios. No hay respeto por soberanía ni autonomía de las comunidades indígenas. Atropellos que se hacen para tratar de conservar esta inversión", dijo el periodista.

    Entre las comunidades involucradas hay una división: pueblos como Ostula resienten la llegada del proyecto mientras que los habitantes de Pómaro y Coire, sostienen que si se hace una explotación, debe dejar un beneficio económico a los pueblos vecinos. Esta división "va a terminar favoreciendo el desarrollo minero", opinó Caballero, porque mucha gente "lo ve como una manera de escapar a los altos índices de pobreza de la zona".

    Sin embargo, el ejemplo de la única mina en el municipio de Aquila señala lo contrario, ya que los ejidatarios de la zona tienen tiempo reclamando un aumento de las regalías que les corresponden de la explotación sin éxito.

    Caballero señaló a Sputnik que el abandono histórico que han sufrido estas poblaciones es lo que los hace pensar en el beneficio de una actividad minera, aún a costa del medio ambiente y el territorio, del desarrollo agrario y la economía local.

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    Etiquetas:
    inversiones, pueblos indígenas, contaminación, industria metalúrgica, México