"Vamos a sesionar todo el día y el tiempo que sea necesario, abiertos a que durante el tratamiento en detalle veamos si es necesario ajustar plazos para llevar adelante las primarias en enero próximo", dijo a la prensa la presidenta de la cámara, Gabriela Montaño, minutos antes de reinstalar la sesión iniciada el 23 de agosto.
El proyecto que los diputados aprueben en detalle tras la segunda ronda de debate pasará luego a la Cámara de Senadores, la otra cámara de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la cual el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) tiene también cómoda mayoría.
Tema relacionado: Evo Morales: Embajada de EEUU pierde el tiempo al conspirar en Bolivia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), proponente de la ley, había advertido el 23 de agosto que habría riesgo de "inviabilidad técnica" para realizar las primarias en enero de 2019, recordando que el proyecto original establecía que esos comicios internos partidarios se realizarían sólo a partir de 2024.
El MAS buscará que Morales, el presidente con la gestión más larga en la historia boliviana, logre su cuarto mandato consecutivo.
Montaño dijo que el oficialismo estaba dispuesto a considerar los argumentos técnicos del TSE sobre los plazos electorales, pero remarcó que la mayoría oficialista en la Asamblea confirmará en todo caso que en 2019 habrá en Bolivia elecciones partidarias primarias y elecciones generales.
"Ésta no es una ley para favorecer a determinado partido o candidato, sino que apunta a profundizar la democracia interna en la vida de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas", insistió Montaño.
El MAS tiene más de dos tercios de votos en el pleno de la cámara.
Los opositores han concentrado sus actividades públicas de los últimos meses en una campaña contra la repostulación de Morales, que ha sido rechazada por un referéndum nacional en 2016 pero autorizada por el Tribunal Constitucional al año siguiente.
El TSE no ha decidido si admitirá o no la repostulación de Morales y García, que ha sido rechazada por un referendo nacional en 2016 pero autorizada por el Tribunal Constitucional al año siguiente.