"El Gobierno condiciona el diseño completo y el inicio de la Participación de la Sociedad en la construcción de la paz a que previamente se acuerde un cese al fuego", expresa el texto divulgado la víspera.
A su vez, precisa que las autoridades colombianas se abrogan la facultad de calificar hechos y actuar contra el ELN, "sin previo informe y calificación del Mecanismo de Veeduría y Verificación".
"Insistimos —destaca el comunicado— en que este cese debe avanzar en la solución de la persecución, asesinatos y judicialización a los líderes y lideresas de los movimientos sociales".
También proponen al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a hacer ajustes a la política minero-energética, respetar y garantizar las consultas populares previas, congelar la venta de oleoductos estatales que está en curso, incrementar las medidas de protección a los líderes y lideresas vinculados a las organizaciones ambientales y minero energéticas, y dar curso a un Diálogo Nacional, Ambiental, Minero-Energético.
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"El ELN sigue firme en el propósito de lograr la solución política al conflicto, erradicar la violencia de la política y realizar los cambios básicos urgentes, objetivos en los que coincidimos con las fuerzas que en Colombia defienden la paz con trasformaciones, y nos alienta el respaldo que la comunidad internacional mantiene al logro de un país en paz y justicia social", concluye el comunicado.