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Militares y policías de Colombia, entre la "amenaza híbrida" y la paz

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BOGOTÁ (Sputnik) — La "amenaza híbrida" en Colombia del crimen organizado, el terrorismo y guerrilla justifica para algunos analistas mantener la estrecha cooperación entre las Fuerzas Militares (FFMM) y la Policía, mientras que para otros es injustificado tras el Acuerdo de Paz con las FARC.

"Tras el desarme y desmovilización de las FARC [a mediados de 2017] esperábamos una sustancial reducción del Ejército, pero, por el contrario, el presupuesto para este año aumentó, lo cual es incomprensible e injustificable", dijo a Sputnik Imelda Daza, excandidata a la Vicepresidencia por el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

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En efecto, en agosto pasado, el Gobierno central anunció un aumento de ocho por ciento del presupuesto para sus Fuerzas Militares y la policía, al destinar una partida de 31,48 billones de pesos (más de 10.700 millones de dólares).

A diferencia de otros países, como Argentina y Uruguay, en los cuales se estudian iniciativas para darles participación a las Fuerzas Armadas en el combate al delito, lo que implicaría un cambio sustantivo en su rol histórico, Colombia mantiene desde hace décadas una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a través de sus FFMM en conjunto con la policía.

Fronteras borrosas

La Constitución de Colombia señala que las FFMM tienen la responsabilidad de garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial, mientras que la policía debe responder por el control del orden interno; sin embargo, en la práctica esas fronteras se observan borrosas.

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Según se ha argumentado durante varios gobiernos, la policía no dispone ni del personal ni de la potencia de fuego para enfrentar las denominadas "amenazas híbridas" y, a su vez, las FFMM carecen de las herramientas de seguridad ciudadana para proteger a la población, por lo que ambas instituciones deben complementarse entre sí.

Un artículo publicado en la revista digital Razón Pública, escrito por el analista en seguridad Román Ortiz, director de la firma especializada en seguridad pública y defensa Decisive Point, da cuenta de dos razones por las cuales las FFMM abarcan espacios que deberían ser del fuero de la policía.

La primera es que "en gran parte del territorio colombiano hay áreas escasamente pobladas y de difícil acceso" y, la segunda es que "los grupos ilegales que operan en las áreas rurales suelen tener una gran capacidad armada" que no puede ser igualada por la policía, según Ortiz.

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Sin embargo, Imelda Daza tiene otra lectura y considera que el despliegue militar no reporta beneficios en la práctica y sí, más bien, abre la suspicacia de que ello favorece intereses económicos oscuros.

"Pese al despliegue de tropas, sigue sin contenerse la violencia contra líderes sociales por parte de bandas criminales y paramilitares (…), tal despliegue es ostentoso y creo que es la manera de justificar el incremento del presupuesto pese a haber acabado la guerra, porque de ese modo se están favoreciendo intereses económicos que están en juego", dijo Daza.

Las FFMM y la paz

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Si bien la firma del Acuerdo de Paz con las FARC (en noviembre de 2016) permitió que el Estado recuperara presencia en varias regiones del país, varios de los territorios dejados por los rebeldes son ahora escenario de enfrentamientos armados entre disidentes, bandas criminales y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que buscan ocuparlos.

Ante esto, el Gobierno ha decidido mantener la presencia de las FFMM en el terreno.

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"Si bien ha habido un desescalamiento progresivo del conflicto a raíz de la paz con las FARC, las coyunturas actuales no hacen viable que las Fuerzas Militares se puedan reducir en el corto plazo, por lo que será necesario esperar la etapa de 10 o 15 años que se prevé dure el posconflicto para poder reducirlas", dijo a Sputnik el analista y abogado penalista Francisco Bernate.

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El problema se agrava con el aumento de los cultivos ilícitos, los cuales constituyen la base de financiamiento económico de grupos criminales.

El aumento fue particularmente notorio entre 2015 y 2016, cuando llegó a la cifra récord de 190.000 hectáreas, y se prevé que siga creciendo este año, de acuerdo con la agencia antidrogas estadounidenses DEA.

Mientras, esos mismos actores armados ilegales controlan la minería ilegal, que plantea otra serie de desafíos.

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En 2015 se creó una brigada especializada para combatirla con el poderío militar del cual carece la policía.

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De acuerdo con el Ejército, tal responsabilidad le corresponde junto la Fuerza Aérea debido a la "movilidad táctica" con la que cuenta y la posibilidad de propinar "el factor sorpresa" a través de aviones y helicópteros militares, lo que, sostiene, "brinda una ventaja estratégica ante las diversas amenazas" en materia de minería ilegal.

"El componente de aviación apoya durante el día y la noche las operaciones que desarrolla la Brigada Contra la Minería Ilegal, desarticulando las organizaciones al margen de la ley que explotan ilegalmente yacimientos mineros ubicados en más de 230 municipios de Chocó, Antioquia (noroeste), Cauca (suroeste) y Bolívar (norte), entre otros", señala el Ejército en su página web.

Desafíos latentes

A juicio de Ortiz, esa serie de desafíos de seguridad hace inviable la separación de fuerzas en Colombia "a pesar de los deseos de algunos", por lo que "retirar completamente al Ejército de las tareas de seguridad en las áreas rurales es imposible".

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Tal posición es la misma del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ha sostenido que pese al posconflicto el Estado no debe reducir la Fuerza Pública y, por el contrario, debe fortalecerla para mejorar la seguridad en las zonas urbanas y rurales del país.

"Nosotros no permitimos que en la mesa de negociaciones en La Habana se discutiera el futuro de las Fuerzas; generalmente, en el caso de otros países donde se han negociado acuerdos de paz o el fin de conflictos armados, las Fuerzas Militares se reducen, aquí no (…), porque la necesitamos", dijo Santos en 2016, lo cual ha mantenido hasta ahora.

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Sin embargo, con las FARC convertidas ahora en actor político de izquierda, varias propuestas han surgido de cara a la modernización del Ejército de Colombia, que mantiene a uno 235.000 uniformados en sus filas.

Entre las iniciativas señaladas por el Ministerio de Defensa están la de destinar más personal a la protección de las fronteras, al cuidado del ambiente, la atención de desastres e incluso la seguridad en las ciudades.

"Hay un inmenso déficit en materia de policía y seguridad urbana, por lo que se debería priorizar personal y recursos para fortalecer la seguridad urbana, que es realmente el problema de la Colombia de hoy", consideró Bernate.

De hecho, de manera reciente ha cobrado importancia una iniciativa que sugiere transferir a la policía 50.000 efectivos en la próxima década para garantizar la seguridad ciudadana, aunque por ahora la idea sólo está en el papel. 

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