"El diálogo es el único camino para resolver este conflicto; por esa vía contribuiremos a encontrar una solución", dijo a reporteros la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, confirmando la organización de una reunión a realizarse el 8 de junio.
La invitación legislativa al diálogo, que no confirma ni descarta la participación de Morales, quedó formalizada en una carta a la UPEA firmada por Montaño y el presidente del Senado, Alberto Gonzales, ambos del gobernante Movimiento al Socialismo.
"Nos permitimos manifestar nuestra voluntad de avanzar en una mesa de diálogo para debatir las demandas de la UPEA", dijo la nota reproducida en redes sociales, que propone que la delegación de la UPEA esté acompañada por representantes de los movimientos sociales de El Alto, ciudad contigua a La Paz.
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Entretanto, autoridades y estudiantes del centro de estudios realizaron el 7 de junio nuevas marchas y bloqueos de calles en respaldo de su demanda de un mayor presupuesto y de un juicio a los responsables intelectuales de la muerte del universitario Jonathan Quispe.
Durante una de esas marchas, manifestantes echaron pintura y pintaron la fachada de la aún no estrenada Casa Grande del Pueblo, futura sede presidencial.
El supuesto autor material de la muerte de Quispe fue identificado por las autoridades como un subteniente de policía, fue puesto en manos de la justicia, pero la UPEA exige la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, como responsable político del suceso.
"El conflicto es complicado porque para obtener más recursos inmediatos la UPEA debe certificar su cantidad de alumnos, algo que no ha cumplido", dijo a radio Erbol el académico Lucio Álvarez, quien presidió hasta el mes pasado el comité inter-universidades que debía validar esa certificación.
Coincidió con las autoridades en que la ley de reparto de impuestos no puede ser modificada a petición de sólo una de muchas partes.
La UPEA tiene un presupuesto anual de 400 millones de bolivianos (unos 57 millones de dólares) y pide un soporte adicional de al menos 100 millones de bolivianos para cubrir deudas urgentes.
El Gobierno replica que, por incapacidad de gasto y por la falta de certificación de su alumnado, esa universidad tiene recursos paralizados en cuentas fiscales que suman casi tanto como un presupuesto anual.
