"Los denunciados fueron responsables por la promoción de la organización terrorista Estado Islámico en Brasil, a través de publicaciones en redes sociales y compartiendo materiales vía aplicaciones como WhatsApp y en páginas de Facebook, así como reclutando a menores de edad para practicar actos terroristas en suelo nacional", dice un fragmento de la denuncia a la que tuvo acceso Sputnik.
A partir de ese cabo, la policía brasileña descubrió tres grupos de WhatsApp, "Una bala en la cabeza a todos los apóstatas", "Estado del Califato Islámico" y "En el camino de Alá, vamos", y averiguó la identidad de sus integrantes.
El cabecilla y principal administrador de los grupos de WhatsApp es Weverton Costa do Nascimento, quien en un interrogatorio policial confesó haber hecho contactos para cometer un atentado explosivo en Brasil.
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También reveló que en los grupos había "intentos de crear células del Estado Islámico en Brasil" y que otro amigo virtual, apodado Jonathan, pretendía sacarse el pasaporte para viajar a Siria e integrarse a la organización terrorista.
Otro de los 11 denunciados, Matheus Santos Pinaffo, aseguró en su interrogatorio que contactó con varios simpatizantes de ISIS en Turquía, Siria, Libia, Irak, Estados Unidos y Brasil, "siendo las conversaciones sobre tácticas de guerrilla", detalla la denuncia.
"Weverton afirmó que Matheus tenía un comportamiento bastante radical y hablaba sobre matar gente en Brasil, demostrando también interés en entrar en el Estado Islámico", dice la denuncia de la Fiscalía.
Entre ellos estaban símbolos de la democracia brasileña como el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, además de la sede de la Asociación Brasileña de Inteligencia, el equivalente de la CIA en este país suramericano.
"Diversos elementos apuntan a la conexión de los denunciados con grupos extremistas, así como fuertes indicios de que se preparaban para realizar un ataque en territorio nacional", concluye el procurador Divino Donizette da Silva, autor de la denuncia.
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Por ello, los denunciados fueron acusados de un delito de promoción de organización terrorista y cinco de ellos también por corrupción de menores, puesto que intentaron reclutar a un adolescente.
Hace un año, en mayo de 2017, la justicia brasileña condenó a otro grupo de ocho simpatizantes brasileños de ISIS a penas de entre cinco y 15 años de cárcel.
Sin embargo, la policía matizó que los planes estaban en un estado muy embrionario y eran muy precarios.
Aquellas detenciones y posteriores condenas fueron las primeras hechas en base a la nueva Ley Antiterrorista de Brasil, que fue aprobada por el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) poco antes de los Juegos Olímpicos para proteger al país de esta amenaza.