"Es un retroceso a la garantía constitucional de protección a la dignidad de la persona humana", expresó la fiscal general, Raquel Dodge, que recibió al ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, y le pidió formalmente que diera marcha atrás con la iniciativa.
Además, será necesario presentar una denuncia ante la policía (lo que según los auditores genera más burocracia y dificulta el proceso) y la "lista sucia" de empresas que usan manos de obra "esclava" dejará de ser elaborada por los técnicos que vigilan las condiciones de trabajo y pasará a depender exclusivamente del ministro.
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La procuradora se mostró a favor de que la Policía Federal participe en las inspecciones realizadas por los auditores del ministerio de Trabajo, pero manteniendo su carácter actual de escolta del auditor fiscal.
Las críticas de la fiscal general se unen a las de partidos de la oposición, movimientos sociales, la Organización Internacional del Trabajo e incluso el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que puso en marcha los primeros mecanismos de combate al trabajo esclavo contemporáneo.
