El ministerio de Trabajo argumentó que el cambio "mejora y da seguridad jurídica a la actuación del Estado brasileño", informó en una nota oficial.
A partir de ahora la divulgación de esa lista pasará a depender de una "determinación expresa del ministro de Trabajo".
Hay otros cambios: antes para certificar que un empleado estaba en condiciones de trabajo esclavo bastaba el informe de un auditor fiscal, pero ahora se necesitará también presentar una denuncia ante la policía.
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Además, el Gobierno cambió las definiciones de los conceptos sobre lo que es trabajo forzado, trabajo degradante y trabajo en condición análoga a la esclavitud.
Ahora, no obstante, el Gobierno restringe la definición de lo que es trabajo esclavo y requiere que haya algunos puntos concretos como: amenazas de castigo, restricción de transporte para retener al empleado, uso de un vigilante armado y retención de documentación personal.
El Ministerio Público del Trabajo criticó los cambios porque añaden burocracia, hacen que sea más difícil encuadrar a un trabajador como víctima de trabajo esclavo y vacían el concepto de "lista sucia".
Uno de sus representantes, el vicecoordinador nacional Maurício Ferreira Brito lamentó que deje de hacerse por criterios jurídicos y pase a elaborarse en base a "criterios políticos del ministro de Trabajo", aseguró en declaraciones al portal G1.