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    Ecuador registra en los últimos tres años 883 casos de abusos sexuales en colegios

    CC BY 2.0 / Trevor Leyenhorst / "If we don't feed them nobody will."
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    QUITO (Sputnik) — El reciente caso de abuso sexual contra más de 100 niños en la escuela pública Aguirre Abad de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se suma a los 882 registrados en los últimos tres años en el país en centros educativos.

    El 63,6% ha sido perpetrados por profesores, administrativos, personal de limpieza y autoridades de esas unidades.

    "De los 882 casos que se han levantado (…), 321 corresponden a personas externas al sistema educativo, es decir, parientes, conocidos, amigos, conductores y otros; 561 casos corresponden a personas vinculadas al sistema educativo, esto quiere decir, compañeros, docentes, personal de limpieza, personal administrativo y autoridades", detalló el 13 de octubre la subsecretaria de Innovación y Buen Vivir del Ministerio de Educación, Mónica Reinoso. en una rueda de prensa conjunta con el ministro del ramo, Fánder Falconí.

    Por su parte, el ministro señaló que cuando una autoridad o profesor ha sido sancionado por este tipo de delitos "no puede volver al sistema educativo" y añadió que si bien todos los casos denunciados son "absolutamente importantes", la magnitud de ese último debe "servirnos para sentar precedentes en todos los órdenes de la actuación de la política pública".

    El ministro indicó que "por omisiones negligentes e irresponsables se han generado los respectivos sumarios administrativos contra la rectora, la vicerrectora y el inspector" del colegio Aguirre Abad y explicó que además se podrían iniciar las acciones penales correspondientes cuando se determine el nivel de responsabilidad de estas autoridades.

    Asimismo, Falconí señaló que "otro hecho tremendo" relacionado con el caso es que "una vez que la fiscal ordenó el arresto y la intervención (en ese colegio) se les impidió entrar a la unidad educativa, y ese impedimento provoca que haya dos profesores fugados".

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    El ministro dijo que la rectora del colegio sí conocía los hechos e incluso realizó un informe ante las denuncias de los padres de familia y "tenía la potestad para judicializar el tema o pedir información adicional", pero no lo hizo.

    "Cuando recibe una denuncia, la autoridad educativa tiene la posibilidad de judicializar este caso porque estamos hablando de delitos penales, de una infamia para la sociedad", aclaró el funcionario.

    Falconí también hizo un llamado a la sociedad ecuatoriana a denunciar este tipo de casos, pues "puede haber muchos que están ocultos o que no han sido denunciados".

    Por el momento, el Gobierno ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares a quien identifique y entregue a la justicia a uno de los profesores presuntamente involucrado y ha dispuesto la línea 1800 DELITO (1800 335 486) para receptar cualquier información al respecto.

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    abuso sexual, Ecuador
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