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    Cartel de Odebrecht

    ABC del caso Odebrecht: el escándalo de corrupción más grande de América Latina

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    América Latina
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    El caso Odebrecht (2017) (80)
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    Los escándalos de corrupción que rodean a la empresa constructora brasileña Odebrecht han alcanzado a las esferas políticas de varios países de América Latina. Sepa de qué manera operaba esta compañía y qué países de la región han estado implicados en la trama delictiva.

    ¿Cómo ha actuado hasta el momento la Justicia en los países involucrados?

    El reconocimiento de la acción delictiva de Odebrecht ante la Justicia estadounidense desencadenó un efecto dominó: se han iniciado investigaciones judiciales que hasta el momento han llevado tras las rejas a funcionarios de Brasil, Colombia y Perú. Existen sospechosos en Argentina, mientras que el Gobierno de Ecuador ha asumido el compromiso de investigar a fondo el caso.

    • Colombia

    Hay dos personas en prisión por haber presuntamente recibido dinero de la compañía brasileña para la adjudicación de las obras de la Ruta del Sol, el eje vial que une Bogotá con la costa atlántica.

    Esta ruta es una de las obras de infraestructura más grande del país. A lo largo de más de 500 kilómetros proyectados, esta carretera de doble calzada conecta la capital con ciudades como Barranquilla y Cartagena.

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    El segundo tramo de la mencionada ruta fue adjudicado en 2010 a un consorcio conformado en su mayoría por Odebrecht. Este proyecto incluye una troncal, con un costo de más de 843 millones de dólares, y una transversal (Río de Oro — Aguaclara— Gamarra) de 272 millones.

    El ex viceministro de Transporte de Colombia, Gabriel García Morales, aceptó los cargos presentados por la Fiscalía por cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito en la adjudicación de la concesión de la Ruta del Sol II.

    Este funcionario del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) es acusado de haber recibido unos 6,5 millones de dólares para que Odebrecht se hiciera de la licitación. Su aceptación de cargos, que implica una reducción de la pena, puede derivar en más información y cooperación con la justicia.

    El exsenador Otto Bula fue capturado y entregado a la Justicia. Según la Fiscalía habría presuntamente aceptado parte de un soborno de 4,6 millones de dólares con el fin de que intercediera para asegurar el contrato de la transversal Río de Oro — Aguaclara — Gamarra. No obstante, el exlegislador no acepta los cargos que se le imputan.

    • Perú

    La Justicia de este país ya tiene su primer preso por un caso vinculado a la constructora brasileña. Se trata de Edwin Luyo, el expresidente del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, quien fue capturado el domingo 22 de enero. Odebrecht admitió haber pagado 8,1 millones de dólares para conseguir esta obra, de los cuales Luyo habría recibido al menos medio millón a través de sociedades offshore.

    En su alegato, el exfuncionario dejó entrever la participación de autoridades a más alto nivel en la trama de corrupción: "Este es un hecho político y mediático y todos saben que la pita se rompe por el lado más débil. Yo voy a enfrentar estos hechos con el único objetivo de que se sepa la verdad a fondo", dijo, según el periódico limeño El Comercio.

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    Perú también suspendió la concesión de la obra de un gasoducto de un valor total de 7.000 millones de dólares inicialmente otorgada a Odebrecht por no ser "capaz de llevar adelante un proyecto porque el sistema financiero no cree en ellos", dijo el ministro de Energía y Minas de Perú, Gonzalo Tamayo a la radio RPP.

    • Argentina

    En Argentina, "hay datos importantes" en los "testimonios de los 77 arrepentidos" de la operación Lava Jato, según dijo al diario Perfil el jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina (PIA), Sergio Rodríguez. La PIA ha pedido a las autoridades brasileñas la información completa para poder actuar con más elementos a la vista.

    El caso más resonante es el del actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Según una investigación periodística del diario La Nación, el funcionario y exempresario deportivo habría recibido casi 600.000 dólares en varias transferencias a cuentas en Suiza por parte de Leonardo Meirelles, uno de los delatores que confesó haber enviado fondos en el entramado implementado por Odebrecht.

    Según los datos a los que accedió el periódico argentino, el cambista brasileño envió a Arribas cinco giros en septiembre de 2013 a través de RFY Import & Export Limited, una sociedad "de fachada" que se utilizaba para el pago de sobornos.

    La Nación apunta que en esa fecha el proyecto del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una de las principales obras públicas de los últimos tiempos en Argentina, cobraba un "nuevo" impulso. En agosto de 2013, poco antes de efectuados los giros a Arribas, el Gobierno nacional creó una unidad ejecutora para el proyecto con una financiación de 700 millones de pesos (43 millones de dólares) del Estado argentino y un préstamo de 1.500 millones del Banco de Desarrollo de Brasil.

    Veinticinco días después, en las mismas fechas que Meirelles giró los presuntos pagos, Odebrecht anunció en su sitio web que había conseguido la licitación de la obra, según La Nación. El consorcio a cargo de las obras está conformado además por Iecsa, una sociedad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

    La diputada Elisa Carrió, integrante de la coalición oficialista Cambiemos, denunció a Arribas ante la Justicia. Sin embargo, el presidente Macri lo ha defendido y afirmó que no encuentra el vínculo entre su funcionario y el escándalo internacional de corrupción.

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    Arribas, de vacaciones en Brasil, reconoció haber recibido a través de Meirelles el pago de 70.000 dólares de la venta de una propiedad en San Pablo, pero niega cualquier vínculo con el caso Odebrecht. Tras su llegada a Argentina el 23 de enero, se reunió con el jefe de Gabinete Marcos Peña y se espera que publique un comunicado.

    La información adelantada por Brasil incluye otros intercambios de mails que pueden comprometer a otros funcionarios argentinos y a representantes de la empresa, vinculados al soterramiento del Sarmiento.

    • Ecuador

    El presidente Rafael Correa ha sido contundente en sus declaraciones contra la acción de Odebrecht en su país: aseguró que la corrupción "no quedará en la impunidad" y que está siguiendo "personalmente" la investigación.

    El Gobierno ecuatoriano enviará delegaciones de alto nivel a Brasil y a Estados Unidos para obtener información que permita actuar contra los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción.

    Desde la llegada de Correa al mando en 2007 y tras varios incumplimientos contractuales de Odebrecht, Ecuador canceló las operaciones de la firma brasileña en el país —algunas datan de 1987, durante la administración socialcristiana— y suspendió cuatro proyectos en los que hubo cuestionamientos por los costos, según reportó El Telégrafo.

    Luego Odebrecht volvió al país y ahora solo participa en la construcción del metro de Quito. Tras las revelaciones de la justicia de EEUU, se suspendió nuevamente la operación de la firma.

    ¿Cómo quedaron en evidencia las ramificaciones más allá de Brasil?

    En diciembre de 2016, Odebrecht reconoció los sobornos ante el Departamento de Justicia (DJ) de Estados Unidos y accedió a pagar al menos 3.500 millones de dólares en multas. El DJ intervino, entre otros motivos, porque los implicados usaron el sistema bancario del país norteamericano para efectuar el blanqueo del dinero.

    Según la Justicia estadounidense, la empresa brasileña "usó una unidad de negocios oculta pero totalmente operativa" que calificó como "un Departamento de Sobornos" para pagar unos 788 millones de dólares a "oficiales corruptos" en al menos 12 países de América Latina y África, donde participó en importantes obras de infraestructura.

    Las autoridades de Washington consideraron que se trata del "caso más grande de la historia de sobornos en el extranjero" y menciona participaciones fraudulentas de Odebrecht y su subsidiaria Braskem en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

    Directivos de la multinacional brasileña acordaron colaborar con la Justicia de los países donde admitió haber incurrido en acciones delictivas.

    Entre 2013 y 2014, la Operación 'Lava Jato' (Autolavado), reveló una red de corrupción en torno a la empresa energética estatal Petrobras, dejando en evidencia el pago de sobornos a altos funcionarios y políticos para adjudicarse contratos de obras públicas. Odebrecht fue una de las mayores implicadas en la trama de Lava Jato.

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