"La Comisión de Bolsa y Valores votó hoy (miércoles) la adopción de reglas finales que requerirán que los emisores de extracción de recursos que deben presentar informes (que) divulguen los pagos realizados al Gobierno federal de los EEUU o gobiernos extranjeros para el desarrollo comercial de petróleo, gas natural o minerales", dice el comunicado.
El presidente de la SEC, Jay Clayton, dijo que lograr este resultado no era una tarea sencilla y aplaudió al personal de la comisión por sus considerables esfuerzos en circunstancias únicas.
La legislación se redactó a raíz de la Gran Recesión de 2008-09 para frenar los excesos en los sectores financieros y empresariales de EEUU que podrían resultar en otro colapso económico.
La primera versión de las reglas de presentación de informes para las compañías de extracción adoptadas por la SEC en 2012 fue rechazada en los tribunales por el American Petroleum Institute, que argumentó que la regla pondría a las empresas que representa en una desventaja competitiva.
Reacciones
Los republicanos alineados con el presidente Donald Trump elogiaron la votación de la SEC el miércoles 16.
El líder republicano del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EEUU, Patrick McHenry, dijo en un comunicado que era hora de revocar permanentemente las costosas e innecesarias divulgaciones obligatorias de Dodd-Frank, que perjudican a las empresas estadounidenses.
"La historia de las disposiciones sobre extracción de recursos demuestra el problema de tratar de hacer política social a través de los requisitos de divulgación de las empresas públicas", dijo McHenry.
"Una vez que el producto de la corrupción ingresa a las complejas redes internacionales de bancos, bufetes de abogados, empresas fantasma y otros proveedores de servicios, se vuelve extraordinariamente difícil para los reguladores, las fuerzas del orden y las instituciones financieras mitigar las finanzas ilícitas", dijo Ian J. Lynch, de Vermont, analista de política exterior con base en el tema.
Lynch argumentó que informar solo las sumas totales de pagos que las empresas de extracción hacen a los gobiernos nacionales carece de la precisión necesaria para alertar a los ciudadanos sobre acuerdos corruptos a su costa.
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