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    Las leyes estadounidenses que sirven como "persecución política" son "algo repudiable"

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    América del Norte
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    Donald Trump mandó elaborar una lista de "corruptos" de Centroamérica. La norma tiene el mismo espíritu que la Ley Magnitski, con la que se acusó al viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, José Luis Merino. Sputnik te explica por qué el partido de Gobierno de ese país considera que la postura estadounidense es "totalmente rechazable".

    El 2 de agosto un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes estadounidense solicitó que se "investigara" y, "si amerita", sancionara a seis personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y México a través de la Ley Global Magnitski. Se los acusa de estar implicados en casos de corrupción y crimen organizado.

    A partir del 14 de agosto, funcionarios y particulares de Guatemala, Honduras y El Salvador que el Gobierno de Trump considere corruptos, también podrán ser incluidos en una lista y estar sujetos a la congelación de activos y a la denegación de visas.

    Por la Ley Global Magnitski dos salvadoreños vieron sus nombres en la lista de candidatos, entre ellos el viceministro de Relaciones Exteriores, José Luis Merino.

    El presidente del Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones de El Salvador, Sigfrido Reyes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo a Sputnik que "al final del día" ese tipo de legislación se convierte en un "instrumento de persecución política contra personas que no son del agrado de algún político norteamericano, de alguna entidad del Gobierno" de los Estados Unidos.

    "Se terminan aplicando no como un instrumento que busca mejorar la lucha contra la corrupción o los estándares de Derechos Humanos, sino más bien atiende agendas políticas muy particulares", aseguró.

    En diciembre de 2016 el Congreso estadounidense aprobó la Ley Global Magnitski de Responsabilidad de Derechos Humanos, que permite imponer prohibiciones de visa y sanciones específicas a personas en cualquier parte del mundo y de cualquier nacionalidad que, a criterio del Poder Ejecutivo, hayan sido "responsables de cometer violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción significativa".

    Más información: Todo lo que tienes que saber sobre el caso Magnitski

    Reyes aseguró que "generalmente" los políticos que proponen la utilización de la Ley Global Magnitski tienen "alguna agenda oculta" y buscan "afectar a personas sin que se les brinde la posibilidad de explicar, de dar algún tipo de testimonio de esclarecer su conducta y exponer su verdad".

    Es un proceso "paralegal, al margen de cualquier entidad judicial", concluyó.

    En el caso de Merino, Reyes señaló que la solicitud de los congresistas está acompañada por "una fuerte campaña mediática de la extrema derecha nacional e internacional" que tiene como objetivo "generar un perjuicio" a la imagen de Merino y "darle una muerte civil".

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    "Que políticos de la extrema derecha de la Florida se involucren en esta campaña contra un funcionario y busquen aplicar una legislación totalmente violatoria de los derechos humanos […] me parece algo sumamente repudiable", aseguró.

    Qué dice la petición de los congresistas

    La carta enviada a Trump está encabezada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, Eliot L. Engel, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, presidenta emérita del Comité; el congresista Albio Sires, miembro de mayor rango en el subcomité del Hemisferio Occidental, y los congresistas Norma Torres y David Valadao.

    Merino, acusado de "corrupción y crimen organizado transnacional", es uno de los principales dirigentes del FMLN y representante de Alba Petróleos, la empresa subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela S.A, a la cual estos parlamentarios relacionan con narcotráfico y lavado de dinero.

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    Ley Global Magnitski, Centroamérica, EEUU