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    Al cabo de 100 días desde la instalación de 2.500 familias en un predio de 100 hectáreas en la localidad de Guernica, provincia de Buenos Aires, fueron expulsados por elementos de Seguridad. Organismos de derechos humanos denuncian la desproporción del uso de la fuerza.

    La mayor toma de tierras en Argentina mantenía en vilo a la sociedad desde el 20 de julio, cuando personas de bajos recursos, comenzaron a ocupar y lotear un terreno descampado en los extremos de la mancha urbana de Buenos Aires, capital nacional.

    Algunos huían de la situación de calle o contaban con serias dificultades para solventar sus alquileres en el marco de la desastrosa crisis económica que vive el país, empeorado por la pandemia y las restricciones a las actividades, que provocaron riesgos en el acceso a la vivienda entre la población más vulnerable.

    Las negociaciones fracasaron entre las autoridades provinciales y buena parte de los usurpadores, alrededor de la mitad, quienes son desde el principio apoyados por las organizaciones sociales y los partidos de izquierda, por lo que finalmente la Justicia dio curso al desalojo, en el que estuvieron involucrados 4.000 efectivos de la policía.

    ​El operativo comenzó con las primeras luces del amanecer. Las columnas de oficiales fueron desplazando a los ocupantes del predio a fuerza de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Las casillas fueron incendiadas y topadoras arrasaron con las que quedaron en pie.

    Los enfrentamientos directos con la policía continuaron en una de las calles del barrio aledaño a la toma, donde algunos de los desplazados resistieron con escudos improvisados y piedras. Hubo como resultado de la resistencia 35 detenidos, que fueron liberados a las pocas horas, y se investiga la posibilidad de abusos en el uso de la fuerza por parte de la policía bonaerense.

    "No hay políticas activas para resolver los problemas. El de la vivienda es fundamental, ya había déficit previo, ahora ya es un escándalo. El Gobierno tiene la preocupación de juntar los dólares para pagar deuda, y eso lo pagan los trabajadores, con la salud, la educación, la vivienda. No es la única toma que hay ni es la única que va a haber", dijo a Sputnik Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que integra el Frente de Izquierda.

    Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)
    © Sputnik / Francisco Lucotti
    Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)

    Representantes de organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), cuyo titular es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, estuvieron presentes durante el operativo, pero aseguraron que no los dejaron acercarse a atestiguar el desalojo en la zona de las casillas y denunciaron a la Justicia la represión policial en el desalojo a más de 1.000 familias que no llegaron a acuerdos con el Gobierno provincial.

    • Organizaciones sociales y partidos de izquierda marcharon a la Plaza de Mayo, epicentro Buenos Aires
      Organizaciones sociales y partidos de izquierda marcharon a la Plaza de Mayo, epicentro Buenos Aires
      © Sputnik / Francisco Lucotti
    •  Las protestas por el desalojo en Guernica estuvieron frene a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo
      Las protestas por el desalojo en Guernica estuvieron frene a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo
      © Sputnik / Francisco Lucotti
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    © Sputnik / Francisco Lucotti
    Organizaciones sociales y partidos de izquierda marcharon a la Plaza de Mayo, epicentro Buenos Aires

    Como consecuencia, organizaciones sociales y partidos de izquierda realizaron cortes de calles en los accesos a la capital nacional y marcharon desde el Obelisco porteño hacia la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional, sobre la Plaza de Mayo, epicentro político de la Argentina.

    Etiquetas:
    crisis económica, derecho a la vivienda, violencia policial, policías, Buenos Aires, Argentina
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