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    BUENOS AIRES (Sputnik) — Amnistía Internacional contabilizó más de 30 hechos de violencia institucional a lo largo del territorio argentino durante la cuarentena que entró en vigor el pasado 20 de marzo, informó a Sputnik su directora ejecutiva, Mariela Belski.

    "Registramos más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en diferentes provincias del país", señaló la titular de la ONG.

    Las fuerzas de seguridad estarían involucradas en el asesinato o desaparición de al menos seis personas durante los últimos cuatro meses, de acuerdo al informe difundido por la institución.

    "Vemos con gran alarma la presencia de casos de abuso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad durante la cuarentena por el COVID-19 en Argentina", enfatizó Belski.

    Una de las personas asesinadas era un trabajador rural de 31 años llamado Luis Armando Espinoza, que el 15 de mayo fue acribillado en la ciudad tucumana de Simoca (noroeste) de un tiro en la espalda con un arma reglamentaria, en un crimen por involucra a nueve agentes de policía tucumana, incluido un subcomisario, y a un civil.

    Amnistía también recordó la violencia desatada contra integrantes de la comunidad indígena qom en la provincia de Chaco (norte), cuando cuatro agentes de la policía ingresaron con violencia y sin una orden de allanamiento a tres viviendas de la localidad de Fontana y se llevaron detenidos a cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad, con un despliegue de brutalidad que incluyó torturas y abusos sexuales.

    Otro de los casos más presentes en las últimas semanas es la desaparición el 30 de abril de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires (este), un joven de 22 años del que se desconoce su paradero tras haber sido detenido por la policía provincial por vulnerar las medidas de aislamento que rigen por la pandemia del COVID-19.

    Ante la desaparición de Castro, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas exigió el 10 de julio al Estado "inmediatez y exhaustividad en la investigación".

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, dictó el 1 de agosto medidas cautelares para que el Estado argentino haga lo necesario para determinar lo sucedido con el joven.

    La directora de Amnistía advirtió que "ni la situación de emergencia sanitaria ni ninguna otra debe suspender el respeto de los principios básicos que guían el derecho internacional y nacional de los derechos humanos tales como la legalidad, la proporcionalidad y la rendición de cuentas, entre otros".

    Reforma integral

    Amnistía considera imprescindible la implementación de una reforma que modifique de raíz el sistema de actuación de las fuerzas de seguridad, que no están sometidas a un debido control.

    Belski sostuvo que la expectativa es que "el Estado argentino salde con urgencia su deuda de contar con fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos".

    "Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de cuidar a la población y no ponerla en riesgo, como vemos que lo ha hecho en estos casos de detenciones excesivas, violencia, malos tratos, e incluso desapariciones y asesinatos", concluyó.

    Las medidas de seguridad decretadas por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se suman a las disposiciones de cada provincia para implementar la normativa nacional, las cuales son en ocasiones más restrictivas e incluso ponen en peligro los derechos humanos, de acuerdo a Amnistía.

    La cuarentena vigente en Argentina desde el 20 de marzo continuará al menos hasta el 16 de agosto.

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