Las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) en Chile son empresas privadas a las cuales, en 1980, la dictadura cívico-militar les entregó un mercado cautivo de cotizantes. Según el artículo 2 de la Ley de Previsión Social, todo nuevo trabajador debe cotizar exclusivamente en una AFP, sin posibilidad de hacerlo en alguna de las Cajas de Previsión Social existentes hasta esa época.
Al 30 de junio del 2020, las AFP administran 201.000 millones de dólares, lo que equivale al 80% del PIB del país sudamericano. Junto a las compañías de seguro pagan solo 1.006.957 pensiones de vejez autofinanciadas, de las cuales el 50% son menores a 190 dólares, según lo explica la Fundación Sol,
El sistema previsional ha sido calificado por distintos parlamentarios durante el debate y por el mundo social como desastroso, al no lograr entregar pensiones dignas y solo beneficiar a los grupos económicos del país.
"Un sistema perverso que solo favorece a las grandes empresas que usan estos fondos a su antojo para financiar sus negocios. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras que terminan su vida laboral activa reciben pensiones miserables, muy por debajo de su último sueldo", señala Ramón López, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de CIMM y dirigente de la Unión Clasista de Trabajadores.
Hombre y mujeres que, según López, "se transforman en una carga para las familias y también para el estado que debe subsidiar cuando los recursos individuales no alcanzan siquiera para el mínimo".
"Este sistema de las AFP ha fracasado, fue impuesto por una visión ideológica, impuesto en un momento que era imposible oponerse. Este sistema ha fracasado, no asegura nada", dijo la diputada comunista Carmen Hertz.
El dirigente detalla que, por ejemplo, el grupo Luksic recibió alrededor de 9.000 millones de dólares por fondos inversión que hacen la AFP, correspondientes al 3,4% del PIB de Chile.
El grupo Paulmann, dueño de la cadena de Cencosud, percibió 2.770 millones de dólares. El grupo Yarur 5.708 millones de dólares, el grupo Sahieh 6.068 y el grupo Matte obtuvo 2.779 millones de dólares de las AFP. Estos últimos son dueños de empresa CMPC, acusada por coludirse por más de 10 años para fijar los precios del papel higiénico.
Para Villanueva esto es una muestra de cómo "cada uno de los grandes grupos económicos usufructúan de nuestro dinero. Toman nuestro dinero, nuestro ahorro, nos dan en promedio un 4% y que viene cada vez más a la baja los intereses, y ellos tienen utilidades promedio de 25% ".
Capitalización individual o sistema solidario
Para otros dirigentes sindicales la aprobación este este proyecto, basado en el concepto de capitalización individual, resulta un arma de doble filo, porque tiende reforzar la base sistema de pensiones.
Para López, devolver el 10% de lo ahorros no resuelve los problemas económicos, la escasez y el hambre que se está viviendo en muchos casos.
"Los parlamentarios y dirigentes políticos que impulsan estas soluciones son los mismos que han sostenido por tres décadas este modelo de especulación financiera, y hasta ahora todas las reformas que han hecho terminan agrandando el pozo y el poder de los dueños de las AFP."
Reformas resistidas
A pesar de ser una de las demandas más solicitadas durante la revuelta social, la reforma a las AFP ha sido resistida por años, tanto por los gobiernos de la Concertación (1990-2010) como de la derecha chilena.
"La clase política en Chile no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ha sido consustancial al modelo, ha respaldado en general y siempre y sobre todo a partir del 18 de octubre, del estallido en adelante, producto de la pandemia, la agenda del Ejecutivo como esta nueva ley de inteligencia, otras leyes represivas", señala Villanueva.
El dirigente recuerda que no solo ahora, sino que desde mucho antes, cuando se ha discutido el tema de las pensiones, una parte incluso de la actual oposición ha permitido con los votos a la derecha respaldar iniciativas gubernamentales "para mantener el sistema de capitalización individual, entonces uno no tiene mucha confianza en estos parlamentarios".
Desde 2006, tanto el sistema político, como las las AFP y los empresarios saben que el sistema de pensiones necesita una reforma profunda, pero nadie ha querido asumir el costo político y económico que implica llevarla a cabo, sobre todo por el lobby de los grandes grupos empresariales.
Este domingo 12 de julio, a través de una columna publicada en El Mercurio titulada Aún es tiempo de rectificar el rumbo, dirigentes de organizaciones empresariales manifestaron su total rechazo a la reforma que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones.
La declaración reúne las firmas de 15 presidentes de organizaciones empresariales del país, comenzando por Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), quien durante la crisis sanitaria ha apoyado al Gobierno y a sus medidas, donando respiradores artificiales.
Los gremios también reparan que el Senado "tiene la oportunidad de enmendar este rumbo, de manera de no propinarle un golpe, probablemente irreversible, al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo de nuestro país".
La opinión de la gente
A pesar de la opinión de los empresarios, del Gobierno, y de las campañas levantadas contra este proyecto de reforma, la reciente encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research arrojó que 78,8% de los ciudadanos está de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional.
Es el caso de Álvaro Martínez, ingeniero civil, quien se encuentra actualmente trabajando y que señaló a Sputnik que en su caso particular, "no me veo en la necesidad de retirarlo, como es el caso de muchas personas en el país, sin embargo, lo retiraría por una razón más política, luego de ver la reacción de los empresarios en la carta a El Mercurio el 13 de julio, donde tildaban esto como "el principio del fin".
"Leer esa carta me dio rabia e impotencia por la desconexión total con la gente y la manipulación que son capaces de realizar con tal de perseguir sus intereses por sobre el bienestar de la población más afectada por la pandemia", agrega.
Las jubilaciones en el Chile que queremos
Para Mario Villanueva, lo que hay detrás de este proyecto es terminar con las AFP y para ello presentaron junto a varios parlamentarios un proyecto de ley que está hoy día en discusión en el Senado, "para ir a la derogación del decreto 3.500 que permitiría terminar con las AFP y avanzar a un nuevo sistema previsional basado en los principios de la seguridad social y el reparto como tiene la inmensa mayoría de los países del mundo, los países desarrollados".
Movilización que, para Ramón López, es la única y legítima forma de lograr los cambios en el país sudamericano. "Vimos un momento de grandes definiciones en nuestro país. La desigualdad social y la concentración económica en manos de los grupos económicos, que sustenta al modelo, desnuda al neoliberalismo, de no resolver las necesidades del pueblo".
"La desprotección de los derechos sociales como salud, educación, trabajo y previsión, puestos a la venta como cualquier otro producto del mercado, ya no resiste, y es inaceptable en el nuevo Chile que queremos", concluye.
