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    En la provincia de Tucumán, el trabajador rural Luis Espinoza fue asesinado por un grupo de agentes locales de civil y su cuerpo arrojado en un descampado. En el distrito de Chaco, efectivos irrumpieron a golpes en la vivienda de una familia de la comunidad aborigen Qom.

    Argentina fue uno de los países del mundo en los que manifestantes se sumaron a los reclamos por el homicidio de George Floyd en EEUU, un nuevo caso de brutalidad policial que sirvió como desencadenante de protestas en todo el globo en contra del racismo sistémico y el abuso de la fuerza.

    En simultáneo a este fenómeno, dos casos de violencia extrema perpetrados recientemente por la policía en el interior del país desataron la indignación de la sociedad por la gravedad de las acciones, el flagrante abuso de los derechos humanos y la evidente ausencia de controles internos.

    Luis Espinoza, Tucumán

    El 15 de mayo, en la provincia de Tucumán (noroeste), un grupo de policías organizó una redada irregular luego de una denuncia anónima de una jineteada ilegal, que nunca fue constatada. Se movilizaron en vehículos particulares, vestidos de civil y sin identificación oficial.

    Al llegar a la localidad de Simoca, los agentes habrían perseguido a los hermanos Luis y Juan Espinoza, quienes iban a caballo, por las inmediaciones. Juan habría sido capturado y golpeado hasta la inconsciencia y Luis, al intentar interceder, fue asesinado de un disparo a 10 metros de distancia. La bala encontrada en el pecho de la víctima corresponde al arma 9 mm reglamentaria de un oficial.

    Nueve policías y dos civiles fueron detenidos luego de que se descubriera, siete días después, el cuerpo sin vida de Luis, que tenía 31 años, abandonado en una zanja a 80 km de la escena del crimen, en la provincia lindera de Catamarca.

    Fue necesaria la confesión de un par de los involucrados para encontrar el cadáver y reconstruir los hechos. El cuerpo habría sido trasladado en el vehículo personal del subcomisario a cargo, primero a la comisaría, donde se lo desnudó y envolvió en una manta, antes de ser ocultado en el monte.

    "Es un caso de extrema gravedad que pone en descubierto varios componentes que dan cuenta de una intervención absolutamente abusiva por parte de la policía, que realiza un operativo que no es claro, con miembros vestidos de civil y en móviles propios, algo que no han podido explicar", dijo a Sputnik Victoria Darraidou, coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

    La referente de esta reconocida organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos aseguró que todo el procedimiento está viciado de criminalidad, principalmente el uso de armas de fuego, el ensañamiento sobre persona de Juan Espinoza y el armado de una estrategia para ocultar el cuerpo.

    "Otro problema más que descubre este episodio es que dos de los policías involucrados habían intervenido en otro acto de extrema violencia hace dos años. Fueron acusados de golpear a Alan Andrada, un joven de Tucumán que terminó perdiendo la vida en octubre de 2018", contó Darraidou. Los agentes no fueron imputados y continuaban trabajando.

    La defensa y las organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Gobierno provincial generar intervenciones que puedan prevenir este tipo de operativos. La familia Espinoza realizó declaraciones en las que acusan a la policía de impunidad y corrupción sistémica, incluida la privación ilegítima de libertad y solicitud de coimas a la población de forma regular.

    "Es absolutamente relevante generar transformaciones en los sistemas de control de las policías y las auditorías internas, en este caso de Tucumán, más allá de la investigación judicial que se está llevando a cabo para dar Justicia", enfatizó la investigadora.

    ​La policía de Tucumán cuenta con numerosas causas por abuso de la fuerza y homicidios. Por mencionar algunos: Facundo Ferreyra, de 12 años, asesinado de un disparo por la espalda en 2017; Miguel Reyes Pérez, de 24 años, murió por un disparo y golpes en 2016; Ismael Lucena, de 25 años, atacado a golpes junto a un amigo por agentes de civil en 2011; Paulina Lebbos, de 23 años, cuya muerte fue encubierta por altos cargos policiales.

    Familia qom, Chaco

    La experta en violencia institucional aseguró que son necesarias reformas en las estructuras y mecanismos de la policía y los ministerios o secretarías de Seguridad provinciales para evitar que estos hechos sigan ocurriendo ya que "no son hechos fortuitos y aislados sino que son situaciones que se presentan de manera repetida".

    Otro acto de brutalidad policial sacudió al país y, como ocurriera con George Floyd, se volvió viral por la violencia de las imágenes. La noche del 30 de mayo, agentes policiales ingresaron a golpes de puño y culatazos a la residencia de una familia de la comunidad aborigen qom en la provincia de Chaco (norte).

    La atrocidad del operativo fue videograbada por los habitantes de la casa y difundida en las redes sociales por la revista periodística Cítrica. Los oficiales tiraron abajo la puerta de la casa, sin orden de allanamiento mediante, y se llevaron detenidos a cuatro jóvenes, incluida una menor de edad.

    ​Rebeca Garay, Alejandro Fernández, Cristian Saravia y Daiana Fernández denunciaron haber sido sometidos a torturas, amenazas de muerte y abuso sexual en la comisaría, y la familia aseguró haber recibido intimidaciones días después.

    El 11 de junio, cuatro de los policías involucrados fueron detenidos, acusados de vejaciones agravadas y allanamiento ilegal. Según la fiscalía, podrían sumarse nuevos delitos a la carátula y nuevos policías señalados, pendiente a la investigación acerca de las denuncias de lo ocurrido en la comisaría.

    Según el testimonio de los jóvenes, habrían sido rociados con alcohol y amenazados con prenderlos fuego, además de recibir puñetazos y puntapiés. Uno de los agentes detenidos se fracturó uno de sus tobillos por las patadas realizadas esa noche y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

    La violencia institucional en Argentina se encuentra en uno de sus momentos más críticos. De acuerdo con el último informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), presentado en diciembre de 2019, el país alcanzó el promedio de un muerto cada 19 horas a manos de la policía o bajo su supervisión, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

    El informe asegura que en cuatro años se alcanzó un "récord absoluto de muertes por el 'gatillo fácil' y la tortura en democracia y el mayor índice de la historia en detenciones arbitrarias". La mitad de las 1.833 muertes durante este período sucedieron en cárceles y comisarías.

    Se trata de la cifra más alarmante desde el regreso de la democracia, en 1983, al terminar la última dictadura militar, y significa un empeoramiento significativo en comparación a los datos de las últimas décadas: entre 2003 y 2015, período de Gobierno del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, el promedio pasó de un muerto cada 46 horas a uno cada 30 horas.

    Etiquetas:
    arresto, desaparición, Policía de Argentina, violencia policial, Argentina
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