08:42 GMT +314 Diciembre 2018
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    Un policía apunta un arma

    El 'gatillo fácil' vuelve a levantar polvareda en la opinión pública argentina

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    Seguridad
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    Una resolución emitida por el Ministerio de Seguridad de Argentina, que da más potestades para que los agentes de fuerzas federales disparen, causa inquietud en amplios sectores de la sociedad civil. Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), alertan que con la nueva medida "el gatillo fácil es ley" en el país.

    De acuerdo con un comunicado emitido por la Correpi, las situaciones en las que se permite el uso de armas a través de la resolución "son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas".

    Hasta ahora, los reglamentos policiales preveían que los agentes utilizaran la fuerza de manera graduada e intentaran la disuasión antes de empuñar un revólver. Con la nueva resolución, cualquier situación de "peligro inminente" los habilita a apretar el gatillo.

    A partir de hoy, por ejemplo, un agente puede disparar cuando un individuo "se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves". De esta manera, el Gobierno legaliza la 'doctrina Chocobar', llamada así en relación a un episodio ocurrido en Buenos Aires en diciembre de 2017.

    En ese entonces, el agente Luis Chocobar mató por la espalda a Pablo Kukoc, un joven que atacó y robó a un turista en el barrio de La Boca junto a otro muchacho. Cuando el policía llegó al lugar, el asalto ya se había producido y los agresores corrían perseguidos por tres vecinos del barrio.

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    Chocobar —que estaba fuera de servicio en ese momento y fuera del municipio para el que trabajaba—, sostiene que Kukoc se había dado la vuelta, pero un vídeo incluido en el expediente y filtrado a los medios muestra que el joven nunca cambió su dirección. El policía fue procesado por cometer una agresión ilegítima, utilizando un medio racional, de una manera irracional y desproporcionada.

    Sin embargo, recibió el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e incluso se reunió con el presidente Mauricio Macri. Según explicó a Sputnik María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, a partir de ese momento "se conformó una legitimación extraoficial del gatillo fácil como política de Estado pública, promovida por el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales".

    "Con esta resolución se le da directamente estatus legal, porque se deja sin efecto toda la reglamentación preexistente, que establecía límites al uso de un arma de fuego por parte de un miembro de las Fuerzas de Seguridad federales", alertó Verdú.

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    La titular de la Correpi también manifestó su preocupación por los exhortos que ha dado Bullrich a los gobernadores provinciales "para que adopten el mismo tipo de medidas respecto de las fuerzas locales".

    En su discurso, la ministra de Seguridad venía manifestándose a favor del cambio de doctrina, giro que fue criticado por la Correpi y otras organizaciones de la sociedad civil. Además, hace algunas semanas, manifestó que "Argentina es un país", y que "el que quiere estar armado, que ande armado y el que no quiere estar armado, que no ande armado".

    Y a pocas horas de entrada en vigor la polémica resolución, volvió a defender el cambio de doctrina, asegurando en una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum que la normativa anterior dejaba "totalmente inermes" a los policías y "los ponía en el lugar de victimarios cada vez que actuaban".

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    "¿Para qué tenemos policías? ¿Para qué los policías portan armas? Para defender a la gente", expresó la ministra.

    Declaraciones de este tenor, subrayó María del Carmen Verdú, constituyen "una orden explícita de llevar la represión hasta el extremo". Pero preocupa también la manera en la que el Gobierno lanzó la medida.

    Inicialmente, el ministerio de Seguridad había emitido la resolución en vísperas de la cumbre del G20. Según Verdú, un portavoz oficial había aclarado que se trataba de una medida transitoria mientras durase el evento. No obstante, el 3 de diciembre, cuando ya había terminado la cumbre, la resolución apareció publicada en el Boletín Oficial, con lo que cobró vigencia en todo el país.

    "La militarización (…) es el motivo por el cual crece el gatillo fácil. Al haber mayor poder de fuego en la calle y la profundización del uso de las herramientas para interceptar, requisar y detener arbitrariamente a las personas es lo que explica también por qué crecen las muertes en lugares de detención, particularmente en comisarías", explicó la referente de la Correpi.

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    A partir de 1983, la entidad recopila año a año los casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Según la Correpi, desde ese año y hasta 2017, las fuerzas de seguridad del Estado a nivel nacional son responsables de la muerte de 5.462 personas, 725 durante la gestión de Cambiemos, el frente que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015.  Verdú dijo que esta cifra probablemente alcance las 1.000 personas en el informe anual de 2018.

    Según explicó Verdú, se ha podido definir que la acción de las fuerzas de seguridad "se dirige de manera selectiva a los movimientos organizados de la clase trabajadora", así como a "los sectores no organizados" de esa clase, particularmente "los jóvenes, los más pobres, las disidencias, las minorías discriminadas o las personas que sobreviven a través de tareas precarias en las calles".

    La entidad denuncia detenciones arbitrarias, torturas y muertes, en "marcos de extorsión" en comisarías, o incluso de hostigamiento "a través de las presencias de las distintas fuerzas en las barriadas populares" debido al esquema de militarización.

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    Desde 1995 —la primera muerte tras la dictadura militar (1976-1983) de un manifestante debido a represión policial—, la entidad ha relevado más de 70 casos similares. En 2017, dentro de esta lista fueron incluidos los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, los dos primeros en la administración de Macri, vinculados al reclamo del pueblo mapuche por tierras.

    A estos casos se suman el de Ronald Orellana y Marcos Soria, dos militantes de la Confederación de Trabajadores por la Economía Popular (CTEP) ocurridos en 2018, el primero en la provincia de Buenos Aires y el segundo en la de Córdoba.

    Verdú subrayó el rol que tienen los medios hegemónicos en la política del gatillo fácil y en la efectividad del discurso de seguridad del Gobierno en ciertos sectores. A su criterio, "la otra cara de la represión directa es la cooptación de consenso", y la manera en la que los medios operan actúa a su favor.

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    "Pongamos el caso de Facundo Ferreira, el chiquito fusilado en Tucumán hace pocos meses. No es lo mismo que un diario titule 'La Policía fusiló por la espalda a un niño de 12 años' a que titule 'Un policía abatió a un precoz delincuente'. En un caso vos te sentís identificado e inmediatamente surge el repudio, en el otro decís qué alivio", ejemplificó.

    Por eso, resaltó la importancia de crear espacios donde "se pueden escuchar todas las voces y donde se llama a las cosas por su nombre".

    "Cuando el Código Penal define el homicidio como 'la conducta del que matare a otro', dice 'a otro': a otra persona, a otro ser humano. No dice 'a otro que esté al día con sus impuestos, que sea un ciudadano honesto, que no tenga antecedentes penales, que no haya robado antes una cartera", concluyó.

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    gatillo fácil, militarización, armas, defensa, seguridad, Ministerio de Seguridad de Argentina, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Luis Oscar Chocobar, Patricia Bullrich, Argentina