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    Explotan acusaciones cruzadas de empresarios, asesores y periodistas luego de que el organismo de Inteligencia argentino revelara que 80 funcionarios y personalidades mediáticas fueron vigiladas ilegalmente durante el mandato del expresidente Mauricio Macri. Sus defensores alegan que se trata de una maniobra de distracción del Gobierno actual.

    La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una denuncia ante la Justicia por el supuesto "espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías" realizado por la propia AFI durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), por quien se solicitó que fuera llamado a indagatoria.

    A la investigación se sumó la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que integran 14 miembros del Congreso nacional. José Luis Vila, exagente de Inteligencia y funcionario del Ministerio de Defensa durante la Administración anterior denunció ante esta Comisión actos extorsivos que habrían sido cometidos por la AFI cuando era dirigida por Gustavo Arribas, amigo personal de Macri.

    Las repercusiones no tardaron en encender la llama de las discusiones políticas, que no son nuevas cuando se trata de los servicios de Inteligencia en el país, desde hace décadas acusados de llevar a cabo vigilancia ilegal a pesar de los intentos de depuración.

    "Me llama la atención que mi partido no diga nada sobre el espionaje ilegal de Cambiemos. Debería salir reclamar que se investigue a fondo la situación para que la Justicia determine los hechos y eventualmente las responsabilidades", dijo en una entrevista radial Ricardo Alfonsín, referente del partido político Unión Cívica Radical (UCR).

    La UCR formó parte de la alianza con la que gobernó Macri, Cambiemos, coalición que fue renombrada como Juntos por el Cambio desde las elecciones pasadas y que ahora es la principal fuerza de oposición al Frente de Todos, que encabeza el presidente, Alberto Fernández, del peronismo. Según el listado de supuestos espiados de la denuncia, hay varios integrantes de lo que era el oficialismo, tanto del radicalismo como del núcleo del Pro, el partido del expresidente.

    También se sumó a las críticas el famoso conductor televisivo Marcelo Tinelli, vinculado al peronismo oficialista, quien aseguró que la vigilancia era sobre llamados telefónicos y mensajes electrónicos, además de utilizar la información confidencial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad encargada del fisco a nivel nacional.

    ​En tono defensivo

    El extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante el Gobierno de Cambiemos, Hernán Lombardi, atacó al empresario mediático. "Aparece Tinelli, pueden aparecer mercenarios de todo tipo, a los que les dicen ‘hablá de esto para distraer la atención de lo que nos pasa’. La crisis se está profundizando y cuando estas cosas pasan, la economía se pone insostenible. Ahí aparecen las bombas de distracción", acusó en entrevista radial.

    Por su parte, la exministra de Seguridad de la gestión de Macri y actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich, cuestionó la denuncia. “Todos los sistemas de toma de teléfonos los controla la Justicia y es todo con orden judicial. Me parece absolutamente ridícula, me suena todo un poquito Superagente 86”, respondió con sarcasmo en una entrevista radial.

    "Si esto es una venganza porque yo en mi carácter de periodista publiqué, porque tenía el interés público, escuchas que fueron ilegales, se le va a ver el hilo al títere. Yo no tengo ningún problema, publiquen todo lo que tengan que publicar, pero ojalá que esto no sea una 'opereta' [operación política y mediática], que sea de buena fe”, se descargó el conductor y columnista Luis Majul, uno de los principales líderes de opinión más críticas al peronismo, que está incluido en la lista de presuntos vigilados por la administración de Cambiemos.

    Espías bajo vigilancia

    El 5 de marzo pasado, Alberto Fernández publicó un decreto por el que la AFI ya no podrá ser auxiliar en investigaciones criminales que llevan adelante los jueces penales federales ni realizar funciones policiales, en un nuevo intento por limpiar un organismo criticado por su oscurantismo.

    La AFI durante la gestión de Cambiemos fue señalada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), hoy vicepresidenta, de cometer serias irregularidades en la instrucción y en los procesos que condujeron a prisiones preventivas y condenas a integrantes de su Gobierno, incluida ella misma y su familia.

    La responsabilidad de la AFI se volvió evidente luego de que estallara a principios de 2019 un complejo escándalo de escuchas telefónicas criminales, que involucra al periodismo, la Justicia, los servicios de inteligencia y la clase política, denunciados de orquestar una vigilancia ilegal a funcionarios públicos y empresarios y de estar involucrados ilegalmente en investigaciones judiciales.

    Sectores de todas las fuerzas políticas abogan por la desarticulación del organismo, aunque el Gobierno actual busca su intervención, transparencia y limitar su accionar a la coordinación en materia de Seguridad nacional, sin injerencia en asuntos internos.

    ​La AFI fue creada en 2015 en el último año de mandato de Cristina Fernández para reemplazar la Secretaría de Inteligencia (más conocida por sus siglas anteriores, SIDE: Secretaría de Inteligencia Del Estado) y desplazar a la cúpula del organismo, en un intento de depurar el aparato.

    El poder real de estos organismos, que se teje en el anonimato, y denunciados a lo largo de tres décadas por sus vínculos espurios con la política y el aparato judicial, están hoy —y seguirán estándolo— bajo escrutinio público.

    Etiquetas:
    Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, Marcelo Tinelli, Raúl Alfonsín, Cristina Fernández de Kirchner, vigilancia, espionaje, Mauricio Macri, Argentina
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