"Un estado de sitio, llamado estado de excepción en la nueva Constitución de 2009, solo confirmaría la movilización de militares en tareas de control interno y medidas extraordinarias de seguridad y económicas que el gobierno ya ha tomado", dijo el politólogo y profesor de la Universidad Pública de El Alto.
La dictación de un estado de excepción fue señalada como inminente varias veces en la última semana por medios locales, incluso planteada públicamente por dos ministros con objeto de imponer por la fuerza una cuarentena que en sus 11 primeros días ha resultado irregular, con notorios focos de desacato en ciudades y campo.
Control parlamentario
Balcázar señaló que, según la Constitución, un estado de excepción decretado por el Gobierno debe ser confirmado en no más de 72 horas por el Congreso, que establecerá la duración de la medida y límites a las facultades gubernamentales, para proteger los derechos ciudadanos.
"La Constitución ordena límites y el gobierno transitorio simplemente evita la aprobación y el control parlamentario al dictar una serie de medidas sin llamarlas lo que en conjunto significan, un estado de sitio con el argumento de lucha contra el coronavirus, un objetivo que nadie discute", dijo.
El parlamento, controlado con más de dos tercios en las dos cámaras por el ahora opositor Movimiento Al Socialismo, ha mostrado disposición a colaborar contra la pandemia, pero "nadie puede estar seguro de lo que saldría de un voto sobre un estado de excepción", advirtió el experto.
Citó entre las medidas vigentes en Bolivia, "propias de un estado de sitio", a la prohibición total de circulación de personas y vehículos, el confinamiento domiciliario, el cierre de fronteras, la movilización militar y "quizá lo más grave, el uso de recursos públicos en cantidades sin precedentes y sin destino claro".
En la última semana, el Banco Central (BCB) otorgó sendos financiamientos al Gobierno y a la banca privada, por un total equivalente a 1.500 millones de dolares, para enfrentar la pandemia del COVID-19.
El BCB informó que dio al Gobierno un "préstamo de emergencia sanitaria" de 7.000 millones de bolivianos (1.005,7 millones de dólares), sin revelar el destino puntual ni las condiciones del financiamiento.
Este crédito se sumaba a una "operación no convencional" por la cual el BCB inyectó al sistema bancario, con fines de aumento de liquidez, 3.497 millones de bolivianos (499,4 millones de dólares).
El BCB aseguró que los financiamientos con recursos propios "se encuentran respaldados" y destacó que "con la decisión asumida se logra inyectar recursos tanto al sector público como el privado, para que sigan trabajando por Bolivia".
El Gobierno transitorio dispondría además, según su propio anuncio, de un fondo de más de 100 millones de dólares en cooperación de países amigos y organismos internacionales.