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    LA PAZ (Sputnik) — El rechazo del gobierno transitorio de Bolivia a la censura que dictó el Parlamento contra el ministro de Defensa puso al país al borde de un conflicto de poderes que podría afectar al proceso electoral, advirtieron un analista consultado por Sputnik y un experto judicial.

    "El conflicto se desata cuando un poder del Estado viola la independencia y la autoridad de otro poder, y éste es el caso de la respuesta que da el Gobierno a una censura parlamentaria que es inobjetable y solo debería ser acatada", dijo a Sputnik el politólogo Gonzalo Balcázar.

    El parlamento boliviano, controlado por el opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), resolvió el 6 de marzo censurar al ministro Fernando López, quien no se presentó tres veces a una interpelación, pero la presidenta Jeanine Áñez lo ratificó al día siguiente pese a que la Constitución ordena la destitución.

    "Gravísimo error de la presidenta, la decisión de ratificarlo (…) estaríamos ante un conflicto de poderes", dijo a radio Erbol el abogado, exparlamentario y exministro Luis Vásquez, actualmente cercano al expresidente y candidato derechista Jorge Quiroga.

    Ésta fue la primera vez que el MAS intentó interpelar a un miembro del gabinete de Áñez, quien está en el poder desde el 12 de noviembre tras la renuncia forzada de Evo Morales (2006-2019), y para los próximos días están convocados al parlamento otros tres ministros.

    El parlamento esperó tres veces a López y terminó censurándolo por su repetida ausencia, sin llegar a debatir el fondo de la interpelación: las denuncias de masacres de opositores en operaciones policiales y militares siguientes al golpe de noviembre.

    Áñez anunció el 7 de marzo vía Twitter que mantenía su "confianza" en el ministro, defendió el "gran trabajo" de López en la respuesta a desastres naturales y en "la pacificación de la patria", y acusó al MAS de Evo Morales de "frenar" la gestión gubernamental desde el parlamento.

    Fortalecido con ese apoyo, el ministro censurado y ratificado dijo, en declaración que publica este 9 de marzo el diario El Deber, que "la presidenta no va a permitir que nos maneje una Asamblea [Legislativa] con intereses políticos".

    Balcázar, docente de la Universidad de El Alto, sostuvo que la respuesta de la presidenta al voto parlamentario de censura "cae en la ilegalidad porque la Constitución no da opción a la ratificación de la autoridad censurada, sino que dispone lisa y llanamente su destitución".

    "Esto no es negociable, independientemente de si la censura es justa o no, o si el ministro estaba muy ocupado; él tenía la obligación de presentarse al parlamento, su excusa fue aceptada dos veces y a la tercera el parlamento dijo basta", afirmó.

    Agregó que esta situación afectará al proceso electoral, porque la presidenta Áñez es candidata y se verá obligada a responder a las críticas de sus rivales, y el MAS ha dado muestras de que puede utilizarlas con fines de denuncia y proselitismo.

    Vásquez señaló que el cierre del filas del Gobierno en defensa del ministro censurado podría precipitar "un período de crisis que puede tener consecuencias verdaderamente muy complicadas para el Gobierno".

    El experto sugirió que Áñez podría estar mal asesorada y se habría basado en la Constitución de 1967, reformada en 1994, que disponía que la censura parlamentaria debía dar paso a la renuncia del ministro, quien podía ser ratificado en el cargo como ha ocurrido algunas veces en el pasado.

    "Pero la [vigente] Constitución de 2009 dispone que la censura importa la destitución inmediata del ministro, por tanto, no hay la alternativa de ser ratificado", remarcó.

    Vásquez añadió que la ratificación del ministro podría ser causa de un juicio a la presidenta por incumplimiento de la Constitución.

    Etiquetas:
    censura, crisis política, Bolivia
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