"Siempre mantuvimos mucha coherencia a lo largo de toda la defensa presentada, siempre pedimos la nulidad del proceso (…) no hay duda de que el exjuez Moro y los procuradores actuaron de forma ilegal, en una verdadera cruzada contra el expresidente", expresó el abogado en una entrevista con Sputnik.
Moro condenó a Lula en primera instancia por supuestos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con la recepción de manos de OAS (una contratista de Petrobras) de un apartamento en la playa de Guarujá (Sao Paulo); la pena fue confirmada en un tribunal de apelación y después el Tribunal Superior de Justicia la rebajó a ocho años y diez meses de cárcel.
Meses después, el diario The Intercept publicó conversaciones privadas entre Moro y los procuradores de la Operación Lava Jato que demostraron que hubo colaboración para crear las condiciones óptimas para encarcelar a Lula, y los abogados del expresidente añadieron esas pruebas a su recurso, que podría juzgarse en cualquier momento.
"Después de esos mensajes quedan reforzadas todas las pruebas que ya teníamos y habíamos presentado al Supremo; queremos que se anule todo el proceso del "tríplex" (el apartamento de Guarujá) y los otros dos procesos instruidos por Moro", defendió el abogado del expresidente.
Ante el debate de si esas conversaciones pueden usarse o no como prueba (fueron obtenidas de forma ilegal, a través de hackers que invadieron los celulares de autoridades del Estado) el abogado de Lula cree que no hay duda, porque se usarían para probar inocencia.
De momento, el Supremo no tiene fecha para juzgar los recursos que apuntan a la parcialidad de Moro y los fiscales, aunque el abogado cree que es inminente; sin embargo, este 17 de octubre el Supremo debatirá sobre otra cuestión que podría afectar a Lula.
Los jueces de la máxima corte del país debatirán sobre la legalidad de la prisión después de un juicio en segunda instancia; varios recursos defienden que los acusados puedan responder en libertad hasta que no agoten todas las instancias judiciales; si los jueces optan por esta tesis, miles de presos podrían salir de la cárcel, entre ellos Lula.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) está preso desde abril de 2018 en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná, sur de Brasil).
