"El Gobierno de Morales ha venido construyendo una imagen internacional de protector de la Madre Tierra y los recursos naturales, pero adentro del país ha puesto en vigencia un conjunto de normas que apuntan a lo contrario", afirmó.
En respuesta a esas demandas, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, reiteró el miércoles que el Gobierno cuenta con los recursos económicos y los medios humanos y técnicos suficientes para enfrentar el desastre que ha arrasado unas 800.000 hectáreas de bosques y pastizales en el último mes.
"Los grandes gastos los sigue cubriendo el Estado boliviano con nuestro presupuesto y nuestros propios recursos, pero bienvenida cualquier ayuda", declaró a medios estatales, asegurando que hasta un 85% de los incendios detectados hace diez días ya había sido apagado.
La activista Torrico afirmó en cambio que la persistencia del fuego demostraría la falta de capacidad, en equipos y personal capacitado, para enfrentar el fuego en el bosque seco del sudeste del país, en el departamento de Santa Cruz.
"El Gobierno ha aprobado ese decreto y otras normas que violan la Constitución, leyes y tratados internacionales, porque la expansión de la frontera agrícola es parte de un modelo netamente extractivista que promueve la depredación de los recursos naturales, los bosques y la biodiversidad", dijo.
Este argumento ha sido rechazado también por el Gobierno, cuyo ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, aseguró que las "quemas controladas" en Santa Cruz están autorizadas desde hace 18 años y no fueron alentadas por el decreto cuestionado.
La activista advirtió, citando a expertos, que se necesitarán 200 años para regenerar el llamado Bosque Seco Chiquitano parcialmente quemado en el sudeste, al que consideró "único por sus características en el planeta, diferente a la selva amazónica y a los bosques del Chaco".
En esas regiones, la flota de aviones y helicópteros locales fue reforzada con dos helicópteros de gran capacidad enviados por Perú y el personal en tierra que lucha contra el fuego fue incrementando a más de 4.000 militares, policías, bomberos, voluntarios y técnicos gubernamentales en diversos campos.
Al balance de unas 800.000 hectáreas consumidas por el fuego se sumaban hasta la mañana de este miércoles 1.917 familias afectadas, de las cuales ocho perdieron totalmente sus viviendas.
Los reportes oficiales incluían el registro de solo seis heridos, aunque fuentes del Ministerio de Salud indicaron que unas 500 personas habían sido tratadas por lesiones menores.
