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    Una mujer sostiene un cartel en apoyo a Cristina Fernández durante el juicio oral en su contra

    Cuáles son los ingredientes del 'cóctel' para fabricar causas judiciales en Argentina

    © Sputnik / Francisco Lucotti
    América Latina
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    En épocas en las que se revelan 'guerras jurídicas' contra varios expresidentes de América Latina, el abogado argentino Marcelo Parrilli explicó a Sputnik cómo la tradición 'inquisitiva' de la justicia federal, los 'arrepentidos', los servicios de inteligencia y el "fraccionamiento social" dio a luz a un verdadero "aparato" de construir causas.

    El término 'lawfare', que podría traducirse al español como 'guerra jurídica', parece ser de uso creciente en las democracias de occidente. La expresión fue popularizada por los académicos australianos John Carlson y Neville Yeomans en un trabajo en el que cuestionan la pérdida de "humanidad" de los sistemas de justicia occidentales en pos de un mayor "utilitarismo".

    En América Latina, el concepto se convirtió en protagonista del debate político, cuando varios exmandatarios progresistas de la región señalaron las irregularidades en múltiples causas judiciales promovidas contra ellos y celebradas por sus adversarios políticos.

    Las investigaciones por el caso 'Lava Jato' que terminaron con el encarcelamiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, las denuncias contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa o las decenas de causas judiciales que tienen a la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner son algunos ejemplos de lo que se ha señalado como una "guerra jurídica" que tuvo como objetivo alejarlos del poder.

    Las recientes revelaciones sobre conversaciones entre el exjuez y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, con el fiscal Deltan Dallagnol, o la causa que investiga la complicidad entre el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, parecen ratificar que las denuncias sobre una 'guerra jurídica' no eran infundadas.

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    En diálogo con Sputnik, el abogado argentino Marcelo Parrilli afirmó que la Justicia federal argentina siempre estuvo muy influenciada por los intereses de los Gobiernos de turno. Sin embargo, señaló que el Gobierno de Mauricio Macri mostró "uno de los planteles de jueces de primera instancia, casación y durante un buen tiempo también una Suprema Corte con más asimilación a la política del Pro (sector político de Macri)".

    Parrilli señaló que no solo Cristina Fernández está sufriendo la guerra jurídica. También son víctimas "funcionarios del gobierno anterior, dirigentes sociales como Milagro Sala o Luis D'Elia o militantes sociales como Fernando Esteche".

    "Todos esos casos tuvieron un denominador común: procesos carentes de prueba e instrumentados a partir de decisiones políticas. Son persecuciones políticas instrumentadas judicialmente", sintetizó.

    El abogado remarcó que la complicidad de las máximas autoridades judiciales genera que "casi no haya problemas para instrumentar este tipo de persecuciones". Además, los resabios del sistema inquisitivo (en los que la investigación recae en el propio juez y no en el fiscal) que mantiene el proceso penal federal conspiran contra una mayor transparencia.

    "Es un sistema con fuertes componentes inquisitivos y no está cerca de ser acusatorio. En algunos casos instruyen los jueces y, aún en los que instruyen los fiscales, los jueces también actúan por deformación profesional o por sus características ideológicas, ya que suelen ser de pensamiento bastante reaccionario y conservador", explicó.

    Parrilli señaló también el abuso de la prisión preventiva y la "minimización del principio de inocencia", como otros elementos que conspiran contra la transparencia, dado que "hasta la sentencia definitiva, el proceso se mantiene solo por sospechas, posibilidades o probabilidades de que haya delito y recién en la instancia final, si no se pudo destruir por completo la inocencia del imputado, se lo absuelve".

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    Varias de las causas que acusan a Cristina Fernández de encabezar una red de corrupción vinculada al pago de sobornos de empresarios o irregularidades en obras públicas se basan en declaraciones de supuestos "arrepentidos" que aceptan aportar información relevante a cambio de una reducción en su pena.

    Según el abogado, el instituto del arrepentido "es muy problemático cuando se lo aplica dentro de la ley y es mucho más perjudicial cuando se lo aplica violando la ley". En ese sentido, dijo que la Justicia ha aceptado declaraciones de arrepentidos "sin filmación de las entrevistas y con clara inducción a la persona sometida a proceso a declarar contra otros para no quedar detenido".

    "A las personas se las amenaza con quedar detenidos si no involucran a otras personas, en general siempre hacia arriba en una cadena de responsabilidades que el juez o el fiscal delimitan previamente. Son procesos bastante similares a los que usaba la Inquisición cuando a una persona se la torturaba y se la obligaba a reconocer o inculpar a otra de tal o cual delito", dijo.

    Parrilli advirtió sobre otro punto peligroso: el uso de "agentes encubiertos" en las investigaciones. "Es problemático porque es un funcionario público al que el Estado lo manda a delinquir para tratar de averiguar delitos que se supone que son de más peligrosidad que los delitos que él va a cometer mientras investiga", explicó.

    El abogado recordó que ese tipo de funcionarios "no tienen ningún tipo de control de nadie", "manejan presupuestos enormes" y pueden permanecer en sus cargos durante décadas, sin límites en sus mandatos y por fuera de las designaciones de cada gobierno.

    "Este es el arsenal legal que jueces y fiscales tienen a mano y que ha generado un cóctel explosivo", sostuvo.

    Parrilli aseguró que Bonadio y Stornelli no son los únicos operadores judiciales envueltos en este tipo de irregularidades.

    "La mayor parte de los jueces ha operado de esta manera porque se trata de una política. Con funcionarios públicos de otros poderes conforman un aparato institucional pero ilegal que fabrica este tipo de causas", señaló.

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    Para Parrilli, la 'guerra jurídica' también tiene ramificaciones en el Congreso argentino. Mencionó, por ejemplo, a la diputada oficialista Elisa Carrió, cuyas denuncias ante la Justicia "provienen casi siempre de fuentes anónimas" que, según él, son los servicios de inteligencia.

    "Carrió es una persona que siempre ha estado muy bien alimentada por los servicios de inteligencia", acotó.

    La complicidad de sectores de la prensa y el "fraccionamiento social" de Argentina permite que la opinión pública "deje pasar" las irregularidades si van en contra de su adversario político. "De esto se da cuenta todo el mundo pero la gente ya no es que cree lo que ve, ve lo que cree", ilustró.

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    causas, causa penal, justicia, Argentina, América Latina
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