"El decreto digamos que restringe un poco aquella flexibilización; hubo una crítica de que tal vez hubiera algunos excesos y el Planalto [sede del Gobierno] fue sensible a esa crítica", expresó Moro en una entrevista a la radio Bandeirantes.
El Gobierno publicó este 22 de mayo en el Diario Oficial de la Unión un nuevo decreto que altera el texto que Bolsonaro firmó el 7 de mayo.
Entre las correcciones están el veto al porte de fusiles, carabinas o espingardas para ciudadanos comunes, uno de los puntos que había generado más polémica.
También se corrige el punto referente a la práctica de tiro por parte de menores de edad; el texto de Bolsonaro no ponía una edad mínima y sólo exigía autorización de uno de los tutores legales.
Ahora, los menores solo podrán practicar tiro deportivo a partir de los 14 años y con la autorización de los dos responsables; sin embargo, las leyes anteriores eran más restrictiva, ya que exigían autorización judicial.
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El Gobierno también ha renunciado a que sea el Ministerio de Justicia quien controle las reglas del transporte de armas de fuego en vuelos; esta competencia seguirá siendo de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El texto original sufrió críticas entre especialistas en seguridad pública, partidos de la oposición, miembros de la sociedad civil e incluso aliados parlamentarios del Gobierno.
Informes de los técnicos del Senado y de la Cámara de Diputados apuntaron diversas "ilegalidades", porque se habrían invadido las competencias del poder legislativo al intentar modificar por decreto una ley vigente desde 2003, el Estatuto del Desarme.
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Diversos partidos de la oposición consideraron que los cambios que proponía Bolsonaro deberían haber pasado por el parlamento, por lo que pidieron al Tribunal Supremo Federal que anulara la medida; la Corte dio al Gobierno un plazo de cinco días para dar explicaciones y aún no se ha pronunciado al respecto.
El 21 de mayo, 14 gobernadores de los 27 estados de Brasil divulgaron una carta abierta en la que pedían la revocación inmediata del texto, alegando que poner más armas en circulación provocaría un aumento de los índices de criminalidad.
El mismo día, la organización Amnistía Internacional también difundió una carta criticando las medidas del Gobierno.
