"Nos encontramos ante una situación que implica una afrenta inaceptable a los principios más elementales del Estado de Derecho; ante un hecho delictivo intolerable para nuestro orden jurídico", sostiene en el escrito el organismo dependiente de la jefatura de gabinete.
El pedido de la OA se suma al pedido en el mismo sentido que formuló la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Además se refirió a la denominada causa de los cuadernos que indaga en un supuesto entramado de sobornos durante el Gobierno anterior a cambio de la concesión de obra pública.
En ese caso "se han incorporado elementos muy serios y contundentes que ponen en evidencia que, tanto la resolución que benefició a los imputados en el año 2009 como la pericia contable en que se apoyó, fue el resultado de una coordinada maniobra delictiva", alegó la OA.
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En esa red estuvo involucrada "la máxima investidura del Poder Ejecutivo Nacional", además de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, un exauditor General de la Nación, miembros del Cuerpo Pericial Contable de la Corte Suprema de Justicia "y por supuesto" el "exjuez federal Oyarbide a cuyo cargo estaba la investigación de los hechos".
La Oficina Anticorrupción también recordó que el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, describió como arrepentido ante la justicia el mecanismo por el cual sus jefes fueron sobreseídos.
Para la OA, el único objetivo de la maniobra descrita por Manzanares era "obtener en forma ilícita y en tiempo récord una pericia contable manipulada y luego el sobreseimiento de los ex presidentes, para lograr así el estado de cosa juzgada en esta materia".
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El organismo también rescató la declaración testimonial de Eduardo Blanco Álvarez, exmiembro del cuerpo contable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, quien habría escrito un crítico informe sobre las tareas realizadas por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema que contribuyeron con su estudio a que los expresidentes fueran sobreseídos.