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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) defendió su informe sobre "torturas y encubrimiento" en la investigación del 'Caso Ayotzinapa', sobre la desaparición de 43 normalistas en 2014 y rechazado por el Gobierno de México.

    La ONU-DH "reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el 'Caso Ayotzinapa', tras las críticas hechas públicas el lunes [7 de mayo] por el Gobierno mexicano", indica un comunicado difundido simultáneamente en la sede de Ginebra y México.

    La oficina de Jan Jarab, representante en el país latinoamericano del Alto Comisionado, indicó que, "después de una lectura minuciosa de la respuesta del Gobierno de México, reafirma que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno mexicano en 2002 que estableció su oficina de país", durante el mandato del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006).

    Además, señaló que el informe se elaboró "de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del Gobierno (del presidente Enrique Peña Nieto) de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero de 2018".

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    El documento de marras, titulado "Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", publicado el 15 de marzo de 2018, concluyó que hay "fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente".

    Revelaba además el hallazgo de que esas "serias violaciones" fueron a su vez "inadecuadamente investigadas y encubiertas".

    El Gobierno respondió tras el informe que calificó de "prematuro", que su publicación "no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes sobre la continuidad de sus actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado".

    Advertencias cruzadas

    En la inusual controversia pública entre las partes, la oficina de Jarab exigió a las autoridades mexicanas "que concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables".

    La misión permanente de la ONU-DH en el país latinoamericano advirtió que "seguirá de cerca los resultados de dichas investigaciones, particularmente considerando que hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable de las graves violaciones".

    El asunto cobró resonancia durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Santo Domingo, República Dominicana.

    El comisionado de organismo interamericano, Ernesto Vargas, expresó su preocupación por las descalificaciones contra Jarab y la oficina de Naciones Unidas, y demandó "prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU", acerca de torturas de los imputados.

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    La delegación gubernamental replicó que "se trató de conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones".

    ​El alegato fue presenciado por los asistentes al 168 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, en la que participaron familiares de la víctimas y sus abogados.

    El Gobierno de Peña Nieto ya tuvo roces públicos con el organismo interamericano, tras los hallazgos del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que auspició la CIDH, que fue obligado a salir del país luego de que no fue renovado el convenio de cooperación, en mayo de 2016.

    El Gobierno advirtió al organismo interamericano que la postura oficial ante la ONU también "resulta relevante para el trabajo de la CIDH en el marco de la labor del mecanismo de seguimiento", que lo obliga a acudir a las audiencias públicas.

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    Con esa insinuación sobre el futuro de esa cooperación con la instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos, la representación del Gobierno subrayó que había logrado avances relevantes, con "nuevas consignaciones de presuntos responsables".

    Sin embargo, la representación legal de las familias advirtió ante la CIDH de "cuatro señales" de un posible cierre del caso con impunidad.

    En primer lugar, el rechazo de México al informe de la ONU-DH.

    Asimismo, denunció "la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados", hechos por telefonía celular entre narcotraficantes en el estado de Guerrero (sur) y sus presuntos jefes en Chicago, proporcionados por la agencia antidrogas de EEUU, y publicados el mes pasado por un medio mexicano.

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    Según los abogados, el propósito de filtrar esas pruebas es "exculpar a funcionarios de Guerrero y federales".

    Los otros dos elementos ominosos son, según las familias, "la deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial", del entorno criminal y complicidad de agentes del Estado en los ataques a cinco autobuses en que viajaban los estudiantes.

    Esos mensajes interceptados indican que "cuando los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, según las llamadas 'confesiones' que sustentan la teoría del caso, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos", argumentaron.

    Esa trama desarma la narrativa oficial llamada "Verdad Histórica" y apunta a altas autoridades "señaladamente a la Policía Federal y al Ejército", puntualizaron los abogados en sus ponencia. 

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    Etiquetas:
    derechos humanos, desaparición, Ayotzinapa, México
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