"Durante los últimos dos años hemos evidenciado una campaña de desprestigio en contra de defensores y defensoras, e integrantes de organizaciones de derechos humanos, en particular en contra de las y los defensores de derechos humanos que acompañan a víctimas y sobrevivientes de tortura", indica la denuncia.
Las organizaciones peticionarias observan que "el Estado mexicano ha estigmatizado y desprestigiado a las víctimas, así como aquellos que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos, y en particular de la dignidad humana y la prohibición de la tortura".
Según las organizaciones independientes, a quienes abogan por las víctimas son tachados de "defensores de criminales", contrariamente a sus obligaciones de cumplir estándares internacionales en la materia.
Fiscalía independiente
Ante la presidenta Margarette May Macaulay y comisionados del organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos, las organizaciones solicitaron que el Congreso de México apruebe una reforma constitucional para que el país "cuente con una fiscalía autónoma, independiente y profesional con capacidades suficientes para investigar los casos de tortura".
Exigen además el retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y la abrogación de la Ley de Seguridad Interior que respalda las acciones militares.
Comisión de la verdad
Los defensores de víctimas pidieron crear una "comisión de la verdad" para que con el testimonio de las víctimas de la tortura "en el contexto de la política de seguridad vigente".
El Estado mexicano debe reconocer de forma pública la existencia del problema de la tortura en el país y generar mecanismos de protección "integral, oportuna, rápida, en el que se garantice el derecho a la reparación", con base en la Ley General de Tortura recién promulgada.
Finalmente, solicitaron a la CIDH que acelere las peticiones y medidas cautelares por casos de tortura.
A la presentación acudieron representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, además de Gerardo Garduño, víctima de tortura, y Austreberta Casales, madre de una víctima de tortura.
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También asistieron abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Asistencia Legal por los DDHH, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Servicios de Asesoría para la Paz.
El 168 periodo de sesiones, que se celebra del 7 al 11 de mayo en Santo Domingo, incluye audiencias públicas sobre derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, violencia, y amenazas a personas defensoras de derechos humanos, de 12 países de América Latina.