La próxima semana se presentará "una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para detener la reglamentación de la Ley General de la Coca que fue impuesta" por el Gobierno, señaló Chamizo, vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca.
Según los productores, la norma, promulgada por el presidente Evo Morales el pasado 8 de marzo, busca legalizar 7.700 hectáreas de cultivos de coca del trópico de Cochabamba (centro) consideradas por los cocaleros de La Paz como ilegales.
"Nos han sorprendido con la esa ley y ahora nos quieren volver a sorprender con el reglamento de esa norma y para eso nos quieren dividir", sostuvo Chamizo.
La pasada semana el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, informó que el Gobierno decidió trabajar la reglamentación de la ley con los productores "de base", pues los dirigentes no expresan la voluntad de la mayoría de sus asociados.
Chamizo también dijo que el ministro Cocarico realiza permanentes visitas a la zona, "como nunca antes lo había hecho".
"Después que hemos hecho conocer que los Yungas ha sido olvidado por el Gobierno, ahora recién vienen a ofrecer proyectos; nos están intimidando", agregó.
En opinión del dirigente cocalero, el Gobierno ha comenzado una ofensiva para dividir a los productores de los Yungas para aprobar el reglamento de la ley.
"Por todo lado las autoridades del Gobierno están buscando desmerecer a la Asociación de Productores de Coca de La Paz", declaró el productor.
La nueva Ley General de la Coca legaliza 22.000 hectáreas de esa planta, de las cuales 14.300 están ubicadas en los Yungas de La Paz.
Los productores de ese vegetal considerado un patrimonio cultural de Bolivia, no descartan impulsar manifestaciones frente a las acciones del Gobierno.
