El documento precisa que esos abusos se cometieron, principalmente, "contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, así como defensores y defensoras de los derechos humanos" en Colombia.
Sin embargo, destaca que los avances en el proceso de paz de Colombia se han visto como un "paso positivo", aunque es fundamental que las víctimas tengan "una voz en la implementación del proceso" y sean el eje central, no sólo en el acuerdo al que se llegue, sino también "en las políticas públicas que se generen para garantizar esa paz".
En ese sentido, el informe de AI es crítico con el proceso de paz, ya que "al proponer sanciones que no parecían ser proporcionales a la gravedad de los crímenes de derecho internacional, Colombia podría estar incumpliendo su obligación, contraída en virtud del derecho internavccional, de prevenir y castigar tales crímenes".
El conflicto armado interno en Colombia, que desde 1964 enfrenta a guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, suma ya 7,8 millones de víctimas, entre ellas 6,6 millones de desplazados, 45.000 desaparecidos y 263.000 muertos, la "inmensa mayoría" civiles, según datos de la estatal Unidad de Víctimas citados en el informe de AI.
"Todas las partes del conflicto eran responsables de crímenes de derecho internacional", señala el texto, que destaca la persistencia de "homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y delitos de violencia sexual".
AI también señala que la violencia vivida en la región es "preocupante", ya que Latinoamérica y el Caribe albergan a ocho de los diez países más violentos del mundo, los que enfrentan una "crisis de derechos humanos" cubierta por una "invisibilidad mediática" propiciada por los propios países.
En Colombia, junto con Brasil, México y Venezuela, se comete uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial, según el informe.
